La maldición de Guadalupe

Por Pascal Beltrán del Río

El sacerdote Ramón Ortiz y Miera nació en 1814 en Santa Fe, provincia de Nuevo México, cuando ese territorio formaba parte de la Nueva España.
Tras la Independencia de México se marchó a Durango para estudiar teología bajo la tutela del obispo José Antonio Laureano de Zubiría.
En 1836 se hizo cargo de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en El Paso del Norte. Cuando estalló la guerra de 1846 entre México y Estados Unidos, el padre Ortiz organizó la resistencia contra los invasores. Fue capturado por las fuerzas del coronel estadunidense Alexander Doniphan y trasladado a la Ciudad de México como prisionero.
Ya en la capital y al terminar la guerra, Ortiz fue elegido diputado federal por Chihuahua y se opuso a la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en 1848, que selló la pérdida de la mitad del territorio.
Ortiz emprendió entonces una de las labores más importantes de su vida: encargarse del traslado de centenares de familias que habían quedado en los territorios arrebatados por EU, de los cuales Nuevo México era el más poblado.
Originario de esa provincia, el sacerdote fue comisionado para facilitar la reubicación de las personas que habitaban Nuevo México desde antes del conflicto y que quisieran seguir siendo mexicanos. Dejó la Ciudad de México en septiembre de 1848 y viajó a la nueva frontera con una bolsa de 20 mil pesos para facilitar la repatriación.
El territorio de Chihuahua, en la margen derecha del río Bravo, fue identificado como el sitio más apropiado para ubicar a los trasladados.
Muchas de las 60 mil personas que habitaban Nuevo México y se habían rebelado contra la ocupación estadunidense deseaban reubicarse en México. Apenas había llegado a El Paso, el comisionado recibió de inmediato la solicitud de cuatro mil familias para ser trasladadas.
Así fue como nació Guadalupe, un poblado en la margen del río Bravo. Los terrenos para los recién llegados fueron cedidos por el estado luego de que el gobernador chihuahuense Ángel Trías enviara una iniciativa en ese sentido a la legislatura local.
Entre 1849 y 1850 las nuevas autoridades de Nuevo México intentaron disuadir a las personas que buscaban reubicarse en Chihuahua, advirtiéndoles que allá serían tratados como “bastardos”. Aun así, unas 600 familias llegaron a Guadalupe en abril de 1850.
Siglo y medio después, qué distinto pinta el futuro en ese municipio, cuya cabecera está a 60 kilómetros, río abajo, de Ciudad Juárez. El tesón que mostraron miles por instalarse en Guadalupe y seguir siendo mexicanos se ha convertido en un ansia por salir, por escapar de la violencia que hoy azota a esa población.
En 2010, los criminales que se disputan el control de Guadalupe asesinaron al alcalde Jesús Manuel Lara Rodríguez. Luego, en 2011, hicieron huir del poblado al sucesor de aquél, Tomás Archuleta Rodríguez. En 2012, fueron a la casa del director de seguridad pública del municipio, supuestamente, para vengarse de él por haber fotografiado unos cadáveres abandonados, y como no lo encontraron se llevaron a su esposa, a quien torturaron y asesinaron.
Antes, se había hecho cargo de la policía una mujer, Irma Érika Gándara Archuleta, quien llamó la atención a nivel nacional por su valentía. Ella fue secuestrada en diciembre de 2010. Casi un año más tarde sus restos fueron entregados a su familia.
En diciembre pasado aparecieron tres cadáveres en la carretera Juárez-Porvenir. Los asesinados eran tres jóvenes universitarios residentes de Guadalupe. Uno de ellos se llamaba Gabriel Gándara Archuleta, hermano deÉrika. Las familias de los muchachos tuvieron que huir del municipio.
Sería largo hacer la lista de horrores ocurridos en Guadalupe. El más reciente ocurrió anteayer, cuando mataron al único policía que quedaba en el poblado.Joaquín Hernández tenía menos de dos semanas en el puesto y fue el único que se mantuvo luego de la renuncia del resto de los miembros de la corporación.
Duele saber que la maldición hecha en Nuevo México a los ancestros de los guadalupenses se está cumpliendo.