El máximo tribunal señala que, si bien está documentado el desvío millonario durante el Gobierno del priista César Duarte en Chihuahua, no hay elementos contundentes para confirmar que el dinero benefició al partido
El Tribunal Electoral federal (TEPJF) ha dado carpetazo al
desvío de 250 millones de pesos en el que estuvo envuelto el exgobernador de
Chihuahua César
Duarte y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
2016. El máximo tribunal en materia electoral ha confirmado este miércoles una
resolución adoptada por el INE el pasado 30 de marzo, en la que concluyó que no
hay certeza de que los recursos malversados, una vez convertidos en dinero
líquido, hubieran ido efectivamente a parar a las cuentas del partido o a sus
campañas electorales. La sentencia del TEPJF, aprobada por una mayoría de
cuatro votos contra dos, deja sin sanción uno de los mayores casos de
corrupción política de los últimos tiempos: la Operación
Safiro, un sofisticado mecanismo de desvío de recursos que involucró al
Gobierno de Duarte, a líderes de la plana mayor del PRI —que entonces dirigía Manlio
Fabio Beltrones— y a funcionarios de primer nivel de la Secretaría de
Hacienda de Enrique Peña Nieto.
Este caso de desvío de recursos tiene una vertiente penal
que ha seguido otro derrotero. El aspecto electoral, que ha pasado por las
manos del INE y el TEPJF, se basa en la presunción de que los recursos
desviados se usaron para financiar campañas electorales del PRI en las
elecciones intermedias de 2015 y las estatales de 2016, según los indicios
obtenidos por la Fiscalía de Chihuahua —que comenzó a indagar el delito una vez
que el panista Javier
Corral arrebató la gubernatura a Duarte— y la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales. Esas indagatorias, sumadas a la que elaboró la Unidad
Técnica de Fiscalización del INE, han probado que funcionarios públicos,
empresarios corruptos y políticos afiliados al PRI —simples militantes y mandos
estatales y nacionales— participaron en todas las etapas del mecanismo de
desaparición de los recursos: desde su dispersión a cuentas de empresas fachada
hasta su conversión a dinero líquido mediante el cobro de cheques en
ventanillas bancarias.
A pesar de las pruebas que muestran cómo el partido prestó
su estructura política para posibilitar el desvío y blanqueo de recursos, el
magistrado Felipe Fuentes, autor del proyecto de sentencia, ha considerado que
no se puede concluir que el mecanismo tuvo por objeto beneficiar al PRI. “Yo,
de todo el material probatorio, si bien se justifica una primera etapa de que
sí existe un desvío de recursos, no se justifica la conclusión en el sentido de
que esos recursos hubieran beneficiado o se hubieran dirigido hacia el Partido
Revolucionario Institucional”, ha sostenido el magistrado. Sus colegas Mónica
Soto, Indalfer Infante y José Luis Vargas votaron a favor de su proyecto. El
magistrado Felipe de la Mata se ha ausentado de la sesión.
Los magistrados Reyes Rodríguez, presidente del tribunal, y
Janine Otálora se pronunciaron porque el asunto fuera devuelto al INE, a fin de
que este hiciera un nuevo análisis de las pruebas con un nuevo enfoque,
partiendo de que los autores de esquemas de corrupción buscan, precisamente,
impedir la trazabilidad del dinero, de modo que no se puede esperar que haya
pruebas indubitables o “directas”. “Creo que se establecen los argumentos
suficientes para exigir al INE un nuevo análisis probatorio, teniendo en cuenta
que en estos casos en donde se denuncian esquemas de desvíos de recursos no
resulta válido exigir un estándar probatorio de prueba directa, ya que estos
esquemas están diseñados, precisamente, para evitar o eludir la existencia de
estas”, ha dicho el magistrado Rodríguez.
El presidente del tribunal ha añadido que la Sala Superior
ha llegado a la imposición de sanciones en casos de corrupción mediante
“inferencias lógicas de pruebas indirectas”. En el caso de la Operación
Safiro, una prueba “indirecta” es la participación de funcionarios de gobiernos
priistas y militantes del mismo partido en la trama corrupta. Rodríguez ha
ejemplificado que de esa manera se pudo castigar el Pemexgate,
que involucró un desvío del sindicato de Pemex al PRI; el caso Amigos
de Fox, sobre un financiamiento ilegal a la campaña presidencial del PAN en
2000, o el caso Estancias infantiles del Partido del Trabajo, una
fachada de desvío de recursos. El magistrado Fuentes defendió su proyecto con
el argumento de que en el caso del Fideicomiso
de Morena no se sancionó al partido a pesar de que se probó la
participación de sus militantes en el manejo de los recursos.
La Fiscalía de Delitos Electorales mantiene abierta una
carpeta de investigación por la Operación Safiro desde hace siete
años, pero no la ha llevado ante un juez. La vertiente penal por delitos de
corrupción de funcionarios públicos se encuentra entrampada en la Suprema Corte
de Justicia, a raíz de un pleito entre la Fiscalía General de la República y el
Gobierno de Chihuahua por el control de la investigación. El exgobernador
Duarte, por su parte, se encuentra vinculado a proceso en su Estado por otros
asuntos de corrupción, a la espera de sentencia, pero no por el caso
Safiro. Los altos funcionarios del Gobierno peñista, desde Luis
Videgaray, exsecretario de Hacienda en el año de los hechos, hasta el
propio expresidente, no han sido llamados a rendir cuentas.
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