David Colmenares cambió la forma de auditar y con ello redujo la cantidad de irregularidades que se reportan
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Hay un cambio radical sucediendo en la Auditoría
Superior de la Federación. Desde que llegó el nuevo auditor, David
Colmenares, la cantidad de irregularidades que la auditoría logra identificar
se ha desplomado. Según datos oficiales, la cantidad pasó de 4.754 millones de
pesos en 2018, a solo 61 millones en 2022¹. La pregunta es cómo
se ha logrado esta reducción. Es inverosímil que las instituciones tengan
de pronto procesos 99% más limpios que antes. Todo parece indicar que lo que
cambió fue el auditor. Con Colmenares, los procesos y la actuación de la
auditoría se han transformado en tres aspectos.
Primero, la colaboración de la Auditoría con el Gobierno
federal. La Auditoría ha implementado procesos de colaboración con la
Secretaría de la Función Pública para que las instituciones logren aclarar las
irregularidades que se les pretenden fincar antes de que se den a conocer
públicamente. Los órganos internos de control atienden a múltiples reuniones y
constantemente dan seguimiento a lo que hace la Auditoría.
Anteriormente, la Auditoría identificaba miles de millones
de pesos en irregularidades y los reportaba públicamente, antes de que las
instituciones auditadas tuvieran tiempo de aclarar su actuar. Con el tiempo,
una parte importante de las irregularidades se aclaraban. Ahora, el proceso es
al revés. Se intenta aclarar lo mayor posible, antes de salir públicamente con
los resultados. Esto es legal y válido.
Las irregularidades reportadas en 2018 y años anteriores no
se están aclarando con tanta rapidez porque la Auditoría tiene un cuello de
botella. Un cambio en procesos hizo que las áreas de seguimiento tengan sobrecarga
de trabajo y no cuentan con suficientes funcionarios para poder atenderla. El
resultado es ideal para López Obrador. La Auditoría reporta muchas
irregularidades sin resolverse antes del inicio de su sexenio. Casi ninguna
irregularidad después.
Segundo, la Auditoría ha cambiado el tipo de auditorías que
se realizan. La Auditoría puede realizar distintos tipos de auditoría que
tienen diferentes alcances. La más potente de todas es la auditoría forense.
Una auditoría forense puede investigar los vínculos y transacciones entre
empresas, así como entrar de lleno en temas de lavado
de dinero con personas físicas y morales.
La cantidad de auditorías forenses ha venido a la baja con
Colmenares. Mientras que, antes de Colmenares, en 2018, se realizaron 18,
actualmente se planean realizar solo diez. Además, se ha cambiado el reglamento
de la Auditoría para darle a Colmenares la capacidad de aprobar o rechazar la
realización de auditorías forenses. Así, para la cuenta pública de 2022, todas
las auditorías forenses programadas irán dirigidas a gobiernos estatales. Hasta
ahora, no hay evidencia de que los escándalos de corrupción más importantes del
sexenio, como Segalmex o Conade, vayan a ser sujetos de una auditoría forense.
En general, parece que las auditorías están seleccionadas de
manera que no se encuentren muchas irregularidades. Por ejemplo, solo una de
las 30 instituciones que más irregularidades tuvieron en la primera entrega de
2018 fue auditada en la primera entrega de 2022. Algo similar ocurre si lo
comparamos con 2021. Solo tres de las instituciones que más irregularidades
presentaron en la primera entrega de 2021 fueron auditadas en la primera
entrega de 2022.
Finalmente, la auditoría está actuando con mayor lentitud.
En años anteriores la propuesta de qué se auditaría se presentaba en diciembre.
En 2023 se presentó hasta mediados de marzo, lo que solo dejó dos meses para
poder terminar los informes. Un buen informe toma hasta seis meses para
hacerse.
La Auditoría también está siendo muy lenta en presentar
denuncias penales. A pesar de que existen irregularidades pendientes por
aclarar por 346.000 millones de pesos, durante 2023 solo se han presentado 36
denuncias penales. De estas, solo siete se refieren a gastos realizados durante
el sexenio actual.
Detrás de la tardanza y la falta de acción hay un cálculo
político. Mientras menos tiempo se tenga para las entregas menos capaz es la
Auditoría para encontrar irregularidades. Peor aún, algunos casos podrían
simplemente prescribir.
Así, áreas completas donde solían encontrarse enormes
irregularidades ya no muestran irregularidades. Salud, el Poder Judicial y
Medio Ambiente ya no tienen un solo peso de irregularidades. Antes de
Colmenares se reportaban miles de millones.
Todo lo anterior apunta a que la Auditoría pudiera estar
teniendo un problema de diseño institucional. La institución tiene mayor
interés en ocultar los casos más graves de corrupción que en ventilarlos y
resolverlos.
Esto se debe, en parte, a que la Auditoría es vigilada por
una comisión integrada por legisladores de distintos partidos. Esta comisión
puede influir indirectamente, pero de manera poderosa, en la salida del auditor
o en su permanencia para un segundo periodo. Por ello, el incentivo del auditor
es complacer a los partidos políticos, más que hacer su trabajo. Sobre todo,
cuando un solo partido, Morena, tiene tanto peso en las decisiones.
Esto no significa que necesitemos una auditoría
completamente autónoma. En lo personal pienso que no sería deseable. Se
correría con el riesgo de crear una institución que solo le responda a los
intereses personales y económicos del auditor y su equipo cercano. El resultado
podría ser una pesadilla similar a la que tenemos en la Fiscalía General de la
República (FGR), donde el fiscal ha convertido a la institución en su juguete
personal de venganzas privadas.
Por lo pronto todo parece indicar que hemos perdido a la
Auditoría como herramienta de fiscalización. Habrá que dedicar un tiempo
importante a repensar cómo rediseñar la institución para que recobre su fuerza
sin caer en el fetichismo de la autonomía.
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