El jefe del Ejecutivo, la jefa de Gobierno de la CDMX, el gobernador de Veracruz y el presidente del Senado destruyen a la SCJN, hasta con porros.
Los acosadores de la ministra Norma Piña, presidenta de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, confluyen en la jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México que encabeza la precandidata presidencial de Morena,
Claudia Sheinbaum Pardo.
Para mañana está citada una manifestación “masiva” de
morenistas en contra de los “pseudoministros corruptos” e impulsar su
destitución para dar paso a la elección de los integrantes del máximo órgano
constitucional de la República, como lo ha pedido el jefe del Poder Ejecutivo.
La manifestación es convocada por el gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García, y el Frente Internacional Obradorista, que encabeza Armando
Monter Jacinto, un gangster que ha estado preso por diversos delitos.
En la invitación al mitin de mañana está la imagen deformada
de la ministra Norma Piña, y debajo de ella los rostros de los siete ministros
que, junto con ella, no se han doblegado a las presiones del presidente López
Obrador.
Sólo faltan los rostros de tres ministros, Loretta Ortiz,
Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar.
El día en que los gobernadores de Morena se reunieron con el
Presidente en Palacio Nacional, al terminar el encuentro, el veracruzano
Cuitláhuac García caminó hasta las puertas de la Corte a solidarizarse con los
manifestantes que tienen tomado el acceso principal del edificio.
Ahí les dijo que comparte sus demandas contra la corrupción
de los ministros de la Suprema Corte. Dio su respaldo a la campaña de odio y
violencia de un grupo porril.
Del plantón se fue al antiguo Palacio del Ayuntamiento,
donde despachan Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobierno, Martí Batres.
Como es del conocimiento público, el gobernador de Veracruz
es promotor de la candidatura de la jefa de Gobierno para la Presidencia, lo
mismo que el presidente del Senado, Alejandro Armenta, otro golpeador contra la
presidenta de la Suprema Corte.
El plantón que bloquea el acceso a la Corte, con pancartas y
amenazas a la ministra Norma Piña, lo encabeza Armando Monter Jacinto, jefe del
grupo que junto con Cuitláhuac García convocan a la manifestación de hoy contra
los “corruptos pseudoministros”.
(Cabe anotar que, de los 11 integrantes del Pleno de la
Corte, sólo uno de ellos puede recibir el calificativo de pseudoministro, y es
la señora Yasmín Esquivel, quien se tituló de abogada a través del fraude).
Monter Jacinto tiene denuncias por secuestro, agresiones a
policías y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo
cual, leo en la prensa, ha estado preso.
Es el mismo personaje que encabezó el bloqueo de las
instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente del
Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).
Los movimientos de Monter, sus acciones violentas y amenazas
a la integridad física de Lorenzo Córdova y ahora de Norma Piña, están
sincronizados con las campañas de odio que nacen, personalizadas, en Palacio
Nacional, y tienen su caja de resonancia en la sede de la jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México.
En paralelo a los ataques contra la presidenta de la Corte
que materializan los porros de la 4T, se dan los golpes de cuello blanco en la
tribuna de la Cámara de Senadores, donde su presidente, Alejandro Armenta,
acusa a la ministra Piña de amenazarlo con mensajes criminales (“sicilianos”,
dijo).
En la tribuna, Armenta mostró un chat telefónico y
haciéndose pasar por víctima, dijo: “Si lo que pretenden con este mensaje
siciliano que me enviaron por WhatsApp es que retire la iniciativa (que plantea
elegir a los ministros de la Corte mediante votación popular), no la voy a
retirar, me sostengo”.
¿Alguien en su sano juicio puede creer que la ministra Piña
lanza amenazas “sicilianas” al presidente del Senado? En los mensajes de la
presidenta de la Corte no había amenazas.
Otro senador del equipo de Claudia Sheinbaum, César
Cravioto, consideró indignante que nadie se solidarice con Armenta ante las
amenazas de la presidenta de la Corte.
En Palacio Nacional, el jefe de todos ellos, Andrés Manuel
López Obrador, se congratuló de la propuesta del senador Armenta para llevar a
consulta popular la destrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
como hace cuatro años se hizo con el aeropuerto de Texcoco (NAIM).
“Es un hecho, se puede probar, que el Poder Judicial, casi
en su totalidad, de arriba abajo, está podrido, que solamente le sirve a los
potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del
pueblo, entonces sí, hay que renovarlo”.
Recordemos lo que escribió el presidente López Obrador, al
inicio de su gestión, en el Plan Nacional de Desarrollo:
“Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue
asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta
generó un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública, por cuanto
generalizó el ejemplo de la ilegalidad en sectores de la población. En el
actual gobierno todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el
conjunto de leyes vigentes en el país, en la inteligencia de que sólo una
autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por
parte de la población. Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de
constitucionalidad como las que practicaron los gobiernos anteriores y, por lo
que hace al gobierno federal, atenerse escrupulosamente a las delimitaciones
impuestas por el pacto federal y la división de poderes. Explícitamente, el
Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del
Legislativo ni del Judicial”.
Después de la mentira, la realidad: el jefe del Ejecutivo,
la jefa de Gobierno, el gobernador de Veracruz y el presidente del Senado
destruyen a la Corte de Justicia. Hasta con porros.
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