Cientos de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido devueltos a México; es la primera vez que acepta retornos, dice el Departamento de Estado
ASHINGTON. México y Guatemala están reforzando sus
fronteras con personal militar, y Panamá y Colombia están trabajando para
reprimir las redes de contrabando de personas, mientras los centros de
detención y procesamiento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos
están menos llenos, pero continúan por encima de su capacidad, tras el fin del
Título 42.
El representante del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) Blas NúñezNeto dijo a periodistas que las autoridades de inmigración
han devuelto a cientos de personas a México desde la expiración del Título
42 el jueves.
Ese día, Washington implementó una nueva política de
asilo destinada a disuadir los cruces ilegales.
En concreto, Núñez-Neto explicó que ha habido en torno a 5
mil detenciones cada uno de los últimos tres días.
“Hemos capturado y repatriado a miles de no ciudadanos,
tanto personas solas como familias, a más de 10 países, como Colombia, Honduras
y Perú”, explicó.
De estos, miles han sido deportados a sus países de
origen mientras que otros cientos, provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela,
han sido devueltos a México bajo el Título 8, en lugar de a sus países.
“Esta es la primera vez que el gobierno de México acepta
retornos de ciudadanos no mexicanos en nuestra frontera terrestre. Está
funcionando bien en los últimos días”, consideró el funcionario.
Aseguró que “en los últimos días hemos visto a México y
Guatemala desplegando grandes cantidades de personal policial y militar en sus
fronteras sur”.
El funcionario agregó que Panamá y Colombia están
“realizando un esfuerzo conjunto sin precedentes para atacar las redes de
contrabando (de personas) que operan en la zona”.
Asimismo, dijo que los centros de detención de
migrantes en la frontera sur de Estados Unidos están menos llenos pero
continúan por encima de su capacidad después del fin de la norma sanitaria que
permitía expulsiones en caliente de migrantes por la pandemia de Covid-19.
Núñez-Neto dijo que tres días después del fin de la
normativa todavía hay miles de personas en instalaciones de la Patrulla
Fronteriza.
Con todo, el responsable confirmó que los cruces de
migrantes en la frontera con México se han reducido 50 por ciento en
comparación con los días previos al fin del Título 42, aunque avisó de que la
situación es “fluida”, y que los traficantes de personas tratarán de aprovechar
los cambios en la política migratoria.
Los migrantes que cruzan ilegalmente “ahora
enfrentan consecuencias más duras, incluida una prohibición mínima de cinco
años para volver a ingresar y la posibilidad de ser procesados penalmente si lo
intentan nuevamente”, advirtió.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de la Defensa
de Guatemala, Rubén Téllez, informó que el despliegue militar no es nuevo y
está ligado al control de los flujos de miembros de las pandillas
criminales o maras desde el vecino El Salvador.
“No responde el despliegue directamente al vencimiento del
Título 42 sino que es un despliegue permanente que se coordinó el año pasado”,
dijo.
Téllez detalló que la presencia militar continuará “mientras
haya necesidad de controlar y regular el flujo migratorio dentro del territorio
nacional”. “Incluso se podría llegar a regular con hasta mil 500 elementos la
seguridad”, agregó. Actualmente hay 500 efectivos en esa zona.
Algunos oficiales que atienden peticiones de asilo mostraron
internamente su preocupación por la rápida implementación de la nueva medida y
dijeron que socava el derecho a solicitar asilo bajo la ley estadounidense y
los tratados internacionales, así como las propias promesas de campaña de Biden.
Los defensores de los derechos de los migrantes están
demandando en un esfuerzo por detener la nueva regulación y, la semana
pasada, algunos inmigrantes dijeron que se apresuraban a llegar a la frontera
para intentar ingresar al país antes de que entraran en vigencia las nuevas
reglas en Estados Unidos.
Tras el fin del Título 42, algunos solicitantes de
asilo denunciaron que las autoridades estadounidenses les informaron que
no podían ingresar hasta que solicitaran una cita en una nueva aplicación
conocida como CBP One.
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