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En el nuevo decreto, AMLO establece que las obras de seguridad nacional incluyen la construcción y funcionamiento del Tren Maya, así como tres aeropuertos.
Luego de que este jueves por la mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el
decreto de 2021 en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador
establecía las obras de gobierno como de seguridad nacional, el Ejecutivo lanzó
un nuevo acuerdo en el mismo sentido.
En este nuevo decreto, publicado esta tarde en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el presidente López Obrador estableció como
obras de seguridad nacional la construcción, funcionamiento, mantenimiento,
operación, infraestructura, espacios, bienes de interés público, ejecución y
administración del Tren Maya y otras obras.
Se trata del Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, así como los aeropuertos de Chetumal y Tulum, Quintana Roo, y el
de Palenque, Chiapas.
“Son de seguridad nacional y de interés público la
construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los
espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la
infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el
bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum,
Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este
decreto”, indica el artículo único del documento.
El decreto señala que la Seguridad Nacional implica la gestión del bienestar
colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de
las condiciones de justicia, paz y seguridad que propicien la prosperidad y el
desarrollo sostenible para la nación.
¿Cómo fue que la Corte anuló el decreto anterior?
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declaró este jueves como inconstitucional que las obras
prioritarias del gobierno puedan ser declaradas como de seguridad nacional y de
interés público.
Este acto fue impugnado por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
mediante la controversia constitucional 217/2021 en la que señaló que
esta medida afectaba sus facultades.
El ministro Juan Luis González Alcántara propuso
al pleno declarar este decreto como inválido, al señalar que se podría usar
como pretexto para reservar información relacionada a las obras del
gobierno.
“En el caso que nos ocupa, en el escrito de demanda
analizado, se extraen algunos argumentos suficientes para considerar que la
emisión del acuerdo impugnado es susceptible de causar un impacto en el derecho
de acceso a la información”, sostuvo el ministro.
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