La Fiscalía General de la República (FGR) continúa abriendo investigaciones contra Julio Scherer, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, y otros abogados de alto perfil y funcionarios públicos cercanos al exfuncionario e implicados en casos como AgroNitrogenados, OHL, Cruz Azul o La Estafa Maestra.
La información fue confirmada por el abogado Paulo Díez
Gargari, quien informó públicamente que él es uno de los denunciantes en contra
de quien fuera uno de los principales operadores políticos del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“Informe que he
presentado una denuncia de hechos con apariencia de delito en contra del ex
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y de otras personas, integrantes de
una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes,
creada por Julio Schrer Ibarra desde una posición privilegiada de enorme poder
político”, señaló a través de un comunicado.
De acuerdo con el abogado, entre las empresas que se han
beneficiado de “la actividad corrupta de esta red” está la empresa Aleatica,
S.A.B. de C.V. (antes OHL) y su accionista de control IFM Global Infrastructure
Fund, un fideicomiso sin personalidad jurídica constituido en las Islas Caimán.
Por ello anunció que su denuncia incluye acusaciones por los
probables delitos de asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio
público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y
facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y contra la
administración de la justicia.
Los primeros investigados por el Ministerio Público son los
abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David
Gómez Arnaut e Issac Pérez Rodríguez, quienes ya están citados a comparecer
para el próximo 28 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del
Reclusorio Norte bajo la causa penal 550/2021.
La FGR judicializó esta primera carpeta de investigación
desde diciembre del año pasado, es decir, tan solo tres meses después de que
Julio Scherer dejó su cargo, quien se desempeñó como consejero jurídico del
presidente del 1 de diciembre de 2018 al 2 de septiembre de 2021.
Según las indagatorias, los abogados presuntamente habrían
pedido dinero a cambio de las promesas de retrasar procesos, impedir
detenciones u obtener beneficios judiciales a personas procesadas como el
abogado Juan Collado, los empresarios Alonso Ancira o Guillermo Álvarez Cuevas
o el exfuncionario Emilio Zebadúa, e incluso a fugitivos como Inés Gómez Mont y
su esposo Manuel Álvarez Puga, quienes están relacionados a los principales
casos de corrupción del país.
Sin embargo, existen al menos otras dos carpetas de
investigación en curso que incluyen a abogados de otros despachos y demás
servidores públicos que presuntamente habrían aprovechado su relación con
Scherer para obtener beneficios personales, investigaciones que se sabe están
bajo la dirigencia del subprocurador Juan Ramos, mano derecho del fiscal
Alejandro Gertz Manero.
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