La Suprema Corte de Estados Unidos le pide al Gobierno del
presidente Biden que continúe con el programa “Quédate en México”.
Acto seguido la Casa Blanca emite un comunicado anunciando
que acata la decisión, pero muestra su enfado por la resolución judicial.
Pocas horas después, la oficina de Joe Biden le solicita al
Gobierno del presidente López Obrador que desmantele los albergues fronterizos
donde se encuentran los solicitantes de asilo que esperan el resultado de su
petición al gobierno estadounidense. La Casa Blanca apunta motivos de
seguridad, la realidad: una respuesta de enfado en contra de la Corte Suprema.
Si el Gobierno del presidente López Obrador llegara a quitar
los albergues, ¿dónde esperarían los solicitantes de asilo mientras el gobierno
emite los resultados?
La triangulación retrata una clara injerencia de la Suprema
Corte de Estados Unidos en México, o si se prefiere, los jueces ubican la
frontera mexicana como el limbo mágico donde manos amigas e invisibles atienden
a miles de personas aportándoles techo, comida y seguridad.
Roberto Velasco, jefe de unidad, pero en realidad
subsecretario para América del Norte en la SRE, respondió el sentido del fallo
de la siguiente manera: “El gobierno de México no se posiciona con respecto a
dicho fallo, no obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que
una decisión judicial de ese tipo no obliga a México, y que su política
migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de
la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la
gestión migratoria del Gobierno de México”.
Velasco agregó en la respuesta que para dar cauce a la
resolución de los jueces su oficina entraría a un diálogo técnico con el
gobierno de los Estados Unidos.
Por las escenas que se han visto en las últimas semanas
donde miembros de la policía militarizada y agentes del Instituto Nacional de
Migración detienen y golpean a migrantes centroamericanos en la frontera con
Guatemala, los acuerdos que heredó Trump a Biden en materia migratoria con
México se encuentran vigentes.
El presidente Biden se encuentra en medio de dos paredes
movedizas que se desplazan en dirección de su persona: la Suprema Corte le
obliga a continuar con el programa que él intentó desaparecer, y el presidente
López Obrador le pide que entregue visas y dinero para el desarrollo
centroamericano.
La Corte Suprema de Estados Unidos, a través del fallo a
favor del programa “Quédate e México”, le entrega al presidente López Obrador
un activo político suntuario e intercambiable. El presidente mexicano lo está
utilizando para presionar a Biden, y lo está haciendo todos los días, inclusive
por escrito.
Lo que no está tomando en cuenta el político mexicano es la
relación de Estados Unidos con Honduras, El Salvador y Guatemala. El tema de la
corrupción atraviesa los intercambios políticos de Centroamérica con Estados
Unidos.
Kamala Harris lo sabe. Desde el Capitolio, existe presión
para que el presidente Biden no entregue un solo dólar a los gobernantes
centroamericanos.
El salvadoreño Nayib Bukele se encuentra en plena mutación
autoritaria para desmantelar el poder Judicial. La semana pasada, sus jueces le
permitieron la reelección en contra del artículo 8 de la Constitución, que
obliga a una insurrección en caso de que sea violado ese artículo.
Con el hondureño Juan Orlando Hernández, ni hablar. Sus
posibles vínculos con el narcotráfico impiden que se convierta en un
interlocutor con Washington.
Giammattei, presidente de Guatemala, tampoco pasa por el
mejor momento.
¿Con quién va a negociar Estados Unidos los fondos de ayuda
para el desarrollo de Centroamérica? Queda claro que a AMLO solo le interesa el
sur de México. No más.
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