De acuerdo con el director de Digital Policy Law, con esta política se afecta a la población más pobre de México y quienes utilizan una línea prepaga para utilizar la telefonía celular
El nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil (Panaut), que obliga a los mexicanos a proporcionar sus datos
biométricos cuando adquieren una línea celular, dejará a al menos 20
millones de usuarios desconectados de las redes.
De acuerdo con Jorge Fernando Negrete, director de Digital
Policy Law, con esta política se afecta a la población más pobre de México y
quienes, en su mayoría, utilizan recargas o una línea prepaga para utilizar la
telefonía celular, quienes, además, están en las áreas más alejadas del país,
donde no cuentan con un centro de atención ciudadana cercano, por lo que viven
de recargas.
“Por lo tanto,
nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 3 millones pueden quedar
desconectados por esta iniciativa”, sentenció durante el foro virtual:
"Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México", organizado
por Causa en Común.
El experto en Derecho Digital y Telecomunicaciones también
estimó que esta nueva legislación acelerará el proceso de transformación
digital de la delincuencia organizada, así como que abrirá la puerta al
contrabando de chips celulares.
“Porque parece que estos congresistas no saben que, desde el
2013, se eliminó el roaming con Estados Unidos y ahora las tarjetas de allá son
prepagadas y funcionan aquí perfectamente bien. Lo único que está estimulando
esta iniciativa es que exista un mercado de negro de contenedores con toneladas
de sims que van a llegar acá a celebrar el proceso de transformación digital de
la delincuencia organizada”, aseveró.
Por su parte, Luis Pérez de Acha, experto en derecho
constitucional, criticó la falta de una política digital en el país que sirvan
de guía para trazar nuevas políticas como la que pretende regular las
extorsiones telefónicas a través de este Panaut y la entrega “a ciegas de
nuestros datos”.
Señaló que si bien los bancos y otras instituciones ya
recaban estos datos, los usuarios los otorgan con su consideración, por lo que
al ser una legislación obligatoria para todos los mexicanos se deben de
asegurar todas las medidas de protección, ya que actualmente no se brinda
certeza con este modelo que sería operados por entes públicos, como lo es el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y privados como las compañías
Telcel, AT&T, Movistar, entre otros.
“Las compañías nos lo pueden prometer (que los datos
biométricos estarán seguros), pero la seguridad no la tenemos y de lo que
hablamos es de una seguridad constitucional, no comercial, con las
consecuencias que eso conlleva”, exigió.
Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de
Coparmex, señaló que para que la reforma funciones se necesita vivir en un país
con autoridades que respeten los límites de sus funciones y facultades, en el
que el gobierno aprecie el concepto de división de poderes, que considere que
los derechos fundamentales son el límite básico para el ejercicio del poder.
Sin embargo, resaltó que sólo hay siete países más corruptos
que México en cuanto se refiere a Estado de Derecho, según el World Justice
Project, por lo que el miedo de que se vulneren los datos biométricos de los
mexicanos “está plenamente justificado”.
“El problema es que
el gobierno, y desde la cabeza, el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos
han dado todas las señales que han podido para decirnos que a ellos no los
limitan la Constitución, las leyes, que no tiene empacho alguno en tratar de
influir de manera directa y presionar al Poder Judicial, de utilizar la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) para efectos electorales, a la Fiscalía
General de la República (FGR) para incidir en las campañas políticas. Entonces
no no es una medida simplemente legislativa, no es simplemente una discusión
sobre los elementos técnicos de este dispositivo, tenemos que ubicarlo en este
contexto”, advirtió.
María Elena Morera, quien dirige Causa en Común, señaló que
esta iniciativa más que favorecer a la seguridad, es una medida que facilita la
inseguridad y que criminaliza a toda la población con una línea de telefonía
móvil al suponer que desde un inicio puede cometer ilícitos como son llamadas
de extorsión.
“No creo que ningún
criminal de sus datos. Ellos simplemente van a comprar una tarjeta sim o te van
a apuntar con una pistola (...) Entonces es justo al revés, además los
criminaliza: tu puedes ser sospechoso porque desde tu celular vas a extorsionar
alguien”, comentó.
En este sentido, demandó a las autoridades federales
controlar las cárceles, de donde sale el mayor número de estas llamadas de
extorsión y que son la base de esta nueva disposición legal, toda vez que dijo,
se cometieron cuatro millones de extorsiones en el último año, de las cuales 86
por ciento se pagaron y están vinculadas a los penales federales con los que
cuenta el país.
“Ni siquiera pueden controlar un espacio que está cerrado,
imagínense si podrán controlar el padrón de más de 120 millones de celulares”,
afirmó.
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