La noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general
Lázaro Cárdenas comunicó ante los medios de comunicación la expropiación
petrolera, que consistía básicamente en la apropiación legal del petróleo que
explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de
los mexicanos.
75 años después, el tema resurge por la iniciativa de reforma
energética del gobierno federal que pretendería permitir la asociación de
la paraestatal con empresas extranjeras –o nacionales-, e incluso el regreso de
los denominados “contratos de riesgo”.
En aquel histórico decreto del general Cárdenas, se quitó la
explotación del petróleo a compañías como Mexican Petroleum Company of
California, Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” y la Compañía Exploradora
de Petróleo la Imperial SA.
Esto señalan los artículos del decreto:
Artículo 1. Se declaran expropiados por causa de utilidad
pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios,
oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación,
carrostanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El
Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San
Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican
Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Penn Mex Fuel
Company, Richmond Petroleum Company de Mexico, California Standard Oil Company
of Mexico, Compañía Petrolera el Agwi, S.A., Compañía de Gas y Combustible
Imperio, Consolidated Oil Company of Mexico, Compañía Mexicana de Vapores San
Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A. y Cacalilao, S.A.,
en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional
para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación, y
distribución de los productos de la industria petrolera.
Artículo 2. La Secretaría de la Economía Nacional, con
intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de
la Nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes materia de la
expropiación y a tramitar el expediente respectivo.
Artículo 3. La Secretaría de Hacienda pagará la
indemnización correspondiente a las Compañías expropiadas, de conformidad con
lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de
Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años.
Los fondos para hacer el pago los tomará la propia
Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente
de la producción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bienes
expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites
legales, en la Tesorería de la Federación.
Artículo 4. Notifíquese personalmente a los representantes
de las Compañías expropiadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación
(…).
La Expropiación Petrolera marcó la historia de México e
inició una nueva forma de administrar y suministrar el petróleo mexicano.
Sin embargo, después la iniciativa privada ganaría una
batalla al ganar contratos del gobierno.
En la ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional,
promulgada por Lázaro Cárdenas en 1940, se establece que “podrá (n)
celebrarse contratos con los particulares, a fin de que estos lleven a
cabo por cuenta del gobierno federal, los trabajos de exploración y
explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un
porcentaje de los productos que obtengan”.
Los denominados contratos de riesgo quedaron prohibidos en
1960 y se agregó en la ley reglamentaria la prohibición expresa de los pagos
con un porcentaje de la producción.
Ante este panorama, el presidente Enrique Peña Nieto
argumentaría que en lo que correspondió al expresidente Lázaro Cardenas del
Río, nunca se opuso a la idea de unir fuerzas con el sector privado para
extraer hidrocarburos, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal,
con base en la ley reglamentaria que promulgó.
La iniciativa de reforma energética del gobierno de Peña se
conocerá a detalle en las próximas horas, aunque algunos medios ya han
adelantado el regreso de los contratos de riesgo, así como cambios
constitucionales.
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