El gobernador de Tamaulipas acudió a la Cámara de Diputados para que le notifiquen de la solicitud de desafuero que presentó la FGR ante la Secretaría General de San Lázaro
El gobernador de Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, acudió esta tarde a la Cámara de Diputados
para que le notifiquen sobre la solicitud de desafuero que hay en su contra y
que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría
General del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Este martes, la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración
de Moneda, adscrita a la FGR, presentó ante la Cámara Baja la solicitud de
desafuero del actual gobernador de Tamaulipas.
De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria de
Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier Velazco, este martes se recibió la solicitud de declaración de
procedencia o desafuero por la posible comisión de los delitos de delincuencia
organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal
equiparada.
En una tarjeta informativa, la secretaria General de la
Cámara de Diputados, Graciela Báez, informó a Mier Velazco de la solicitud de
declaración de procedencia y mencionó que el licenciado Anselmo Mauro Jiménez
titular; la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal; así como Elizabeth
Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, todos adscritos
a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la
FGR, presentaron esta querella.
En una tarjeta informativa se describe que hace unos meses, particulares
presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de
pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el
Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar
que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras
que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que
no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales,
denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos, a su vez de la
empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de
procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de
delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como
enriquecimiento ilícito.
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