Lo que ha sucedido con el Informe de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) correspondiente a la Cuenta Pública de
2019, refleja mucho de lo que pasa en el país.
El Informe Ejecutivo, que es en realidad un resumen de las
auditorías realizadas, consta de 334 páginas que implican el trabajo de
múltiples auditorías a erogaciones por 1.6 billones de pesos.
Sobre la base de esa tarea se hicieron 2 mil 606
recomendaciones; 139 solicitudes de aclaración y se realizaron 1 mil 25
promociones de responsabilidad administrativa que pueden ameritar
sanciones.
Se trató de un trabajo puntilloso que retrató el
desorden administrativo de la actual administración y que, a partir de su
difusión, reveló los problemas que existen en proyectos de lo más diverso,
desde el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, programas como Jóvenes
Construyendo el Futuro, probables daños al erario en Segalmex, falta de
comprobaciones en la Secretaría de Cultura y un largo etcétera.
Y, entre todas esas auditorías, se realizó la 1394-DE,
relativa a la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En ella, se hizo un
cálculo del costo de la cancelación del proyecto, que se resumió en un cuadro
que refirió la cifra de 331 mil 996 millones de pesos.
Al hacer una revisión de la forma en la cual se construyó
ese total, la Auditoría detectó algunos errores metodológicos en el
cálculo y señaló que probablemente la cifra correcta sea menor, sin decir
cuánto, y pidió más tiempo para presentar los datos.
Bueno, pues como resultado del reconocimiento de que la
estimación podría ser revisada a la baja, se desató una oleada de
cuestionamientos a todo el trabajo de la ASF y de su titular, David
Colmenares.
Parecía como si las más de mil promociones por posible
responsabilidad administrativa de funcionarios públicos de todos los niveles de
gobierno no hubieran existido.
Y la razón del cuestionamiento fue por el hecho de que el
presidente de la República comentó en la conferencia mañanera que estaban
mal los datos de la ASF, que él tenía otros datos.
De hecho, partidarios de la 4T pidieron abiertamente que el
titular de la ASF renunciara por considerar que se había prestado a generar
información que era usada para criticar al gobierno de López Obrador.
Pero del otro lado, también se acusó a la Auditoría de
“doblarse”, de tener “piernas de chicle” y demás calificativos.
La consideración es que, en la perspectiva de algunos, si la
información de las auditorías cuestiona al gobierno de AMLO, le está haciendo
el juego a los conservadores.
Pero, si hay simplemente un señalamiento de que hay una
cifra que va a revisarse y ya no se puede usar para criticar a AMLO,
entonces se trata de una institución que se sometió al presidente.
Obviamente fue un error publicar una cifra que puede estar
equivocada por tener deficiencias metodológicas. Debió ser revisada
previamente.
En otro caso que se ha referido, el de la Función
Pública, Colmenares, en diversas entrevistas, ratificó que, efectivamente, los funcionarios
encargados de entregar la información a la ASF mostraron resistencia y
que, además, esa también fue la actitud en otras dependencias, por lo que él
tuvo que pedir a los titulares el acceso a la información.
El abundante material producido por la ASF deja ver, en el
mejor de los casos, desorden y prácticas indebidas en la administración
pública de este sexenio, y en el peor, sospechas de corrupción.
Sin embargo, desde ayer, pareciera que apologistas y
críticos han encontrado coincidencia en señalar que este trabajo no es
adecuado.
En un caso, porque se admitió un posible error de cálculo y
en otro, porque no se admiten críticas a los funcionarios públicos que están
haciendo mal su trabajo en las dependencias auditadas.
Lo deseable sería que, si hay críticas a la ASF, fueran
puntuales y precisas.
Pero, en este país de confrontación ‘matamos las pulgas a
cañonazos’ sin importarnos las consecuencias.
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