Los abogados aplauden la decisión de vacunar en primer lugar al personal médico que está en la primera línea de atención al Covid-19.
Sin embargo, Enrique Lazaga Yamín,
presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, señaló que
existen personas cuya condición de salud las hace más vulnerables que otros
grupos con mayor edad, factores que deben ser considerados para adelantarles la
aplicación de la vacuna.
Consideró acertado que se vacune primero a
las personas de mayor edad, pero también debe considerarse a quienes por su
actividad están en mayor riesgo de contagiarse, como los abogados, pues es
el segundo gremio más golpeado por el coronavirus SARS-CoV2.
Dijo confiar en que la Secretaría de Salud
tomará en cuenta a estos grupos susceptibles y al gremio de abogados, pues de
lo contrario tendrán que buscar la manera de ampararse para poder
adquirir la vacuna y para que se aplique a todos aquellos que están en riesgo
por temas de salud.
Recordó que, a finales del año, el Colegio
de Abogados mexiquense hizo las gestiones necesarias y aplicó 500 dosis de
vacuna contra la influenza en sus instalaciones, con lo que aseguró la
salud del gremio y sus familiares.
Lazaga Yamín indicó que el proyecto de
aplicar pruebas rápidas para detección de Covid-19 no pudo
concretarse por temas de sanidad, pues el edificio es cerrado y no cuenta con
un espacio abierto para no poner en riesgo ni a los colegiados ni a sus
familiares.
“Sabemos que las pruebas se están aplicando
en espacios abiertos y eso lo entendimos de nuestras pláticas con la autoridad
sanitaria, pero estamos pidiendo que se proteja, como el segundo grupo más
golpeado, a los abogados postulantes, pues ya hemos tenido muchas bajas.
Lo anterior porque son el contacto directo
entre la autoridad judicial y el cliente, por lo tanto se convierten en agente
transmisor de la enfermedad y eso nos preocupa, es lo que queremos evitar.
Seguramente esa será nuestra postura, o nos
aplican las vacunas atendiendo el criterio de las personas que por algún tipo
de enfermedad, aunque no tengan la edad, corren el riesgo de perder la vida o
nosotros las adquiriremos, pero no sin antes interponer los amparos necesarios
para que esto sea posible.
Reconoció que ya hay otras instancias
gestionando permisos de compra ante la autoridad federal, pero debido
a la postura que ha asumido el gobierno es seguro que esta discusión se termine
en los juzgados.
No aceptamos la miopía con la que están
viendo esta problemática de que o somos nosotros o no es nadie, consideramos
que la posición que debe un gobierno que tiene por mandato constitucional
proteger a la ciudadanía, es defender el derecho a la salud como inalienable.
Como ciudadanos que estamos expuestos a
perder la vida, tenemos el derecho de escoger la vacuna que creemos es más
conveniente a nuestro interés, sobre todo que no es otro que la salud personal
y familiar, concluyó.
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