El exdirector general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu rindió una nueva declaración ante la FGR
Ciudad de México— Uno de los
exfuncionarios procesados por el caso de la Estafa Maestra declaró a la
Fiscalía General de la República que durante año y medio pidió a Rosario Robles
su intervención para aclarar la falsificación de un convenio con el que se
desviaron 185 millones de pesos, sin conseguirlo.
Armando Saldaña Flores, exdirector general
de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, rindió
una nueva declaración ante la FGR para buscar un criterio de oportunidad que le
podría traer el retiro de la acción penal.
Esta declaración eventualmente será
considerada para el juicio de Robles, quien también ha solicitado a la FGR el
mismo beneficio que Saldaña, para colaborar con las investigaciones federales.
Según su testimonio, el 5 de junio de 2017
Saldaña le informó a la entonces titular de la Sedatu que su firma había sido
falsificada en un convenio mediante el que se transfirieron 185 millones de
pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), de Hidalgo.
Desde entonces y hasta el 5 de noviembre de
2018, asegura que le insistió para que interviniera, pues tanto la Oficialía
Mayor como el Órgano Interno de Control (OIC) no reportaban avances en sus
pesquisas, no obstante que él presentó y amplió una denuncia.
" Ok, yo lo veo entonces con Emilio
Zebadúa (el Oficial Mayor)", le respondió Robles, unos días antes de que
concluyera el sexenio, sin que se aclarara a nivel administrativo quiénes eran
los responsables de la falsificación de documentos.
Saldaña está procesado por uso indebido de
atribuciones y facultades, derivado de este convenio; sin embargo, un dictamen
pericial de la propia Fiscalía concluye que la firma plasmada en ese documento
no es de su autoría.
En su nuevo testimonio, el ex funcionario
relata que el 2 junio de 2017 se enteró de la existencia del citado convenio
apócrifo, suscrito para que la UPFIM automatizara el registro, control y
seguimiento de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa,
Guerrero, por 185 millones 839 mil 480 pesos.
Tuvo conocimiento porque, en una respuesta
a una solicitud de información, formulada mediante la Ley Federal de
Transparencia, Francisco Javier Báez Álvarez, director de Programación y
Presupuestación, manifestó que el área de Saldaña había firmado el citado
convenio general.
Saldaña dice que lo primero que hizo fue
llamarle a Alexis Ballinas, secretario particular de Enrique González Tiburcio,
entonces subsecretario de la Sedatu y su superior jerárquico, para pedirle que
lo recibiera en su oficina.
Al ser recibido, le informó a González
Tiburcio que también su firma estaba en ese convenio, lo que causó sorpresa y
enojo porque su nombre había sido utilizado sin autorización. Saldaña le pidió
al subsecretario que le llamara a Robles para que los recibiera y así lo hizo.
El lunes siguiente ambos entraron a la
oficina de Robles y cuando le plantearon la situación ella pidió ver el
documento falsificado.
"Esta no es tu firma, yo la conozco
perfectamente y esta no es tu firma", le dijo la Secretaria a Saldaña y
luego a González Tiburcio.
Desde ese momento, Saldaña le informó a
Robles que presentaría una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de
la Sedatu y ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR).
En aquella reunión, la Secretaria se mostró
molesta y preocupada, preguntó a González Tiburcio si él tenía conocimiento del
convenio y si había hablado con Emilio Zebadúa. En ambos casos la respuesta
fue: No.
Según el testimonio de Saldaña, en ese
momento Robles marcó a la extensión de Zebadúa para que subiera urgentemente a
su oficina.
Continúa Saldaña: "Yo le pedí que se
investigara al interior de la Secretaría y que por medio del OIC se procediera
a realizar una verdadera búsqueda de los culpables de haber autorizado la
creación de estos convenios".
Robles tomó el teléfono para requerir
también en su oficina a Miguel Ángel Vega, titular del OIC.
Cuando llegó Zebadúa, Rosario le cuestionó
si sabía de esos convenios y él contestó "que no tenía conocimiento pero
que de inmediato se pondría a investigar".
La Secretaria le indicó que le encargaba
mucho que investigara quién había realizado este convenio y que comprobara
quién de su equipo había validado y autorizado el pago. "Fue muy puntual
en pedirle que se encontrara a los responsables", recuerda Saldaña.
Zebadúa salió de la oficina y entró el
director del OIC. Rosario le dijo al contralor que Saldaña y González Tiburcio
presentarían denuncia por estos hechos, que tenía que investigar a fondo. Vega
contestó que se daría a esa tarea.
El 8 de junio de 2017 Saldaña denunció en
el OIC y el 12 de junio siguiente en la PGR.
Pero de acuerdo con el exfuncionario, nada
sucedió con su denuncia en el OIC ni con el esclarecimiento que Robles pidió a
Zebadúa.
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