El presidente Andrés Manuel López
Obrador decidió asumir funciones de legislador. Se convirtió en el
principal cabildero, desde Palacio Nacional, de la nueva iniciativa de la ley
de outsourcing.
El gobierno de la 4T quiere que antes del
15 de diciembre, diputados y senadores la aprueben, para que entre en vigor el
próximo año con un muy breve periodo de transición de apenas seis meses.
El próximo lunes AMLO y la cúpula del
sector privado se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles cambios
a la iniciativa original, enviada al Congreso el pasado 12 de noviembre.
El equipo técnico del sector privado lo
integran Lorenzo Roel, por el Consejo Coordinador Empresarial; Armando
Guajardo, por la Coparmex; César Maillard, por Concamin; y Enrique
Octavio por Concanaco.
Por el gobierno federal Luisa Alcalde y Alejandro
Salafranca, por la Secretaría del Trabajo, amén de Zoé Robledo por el
IMSS, Raquel Buenrostro por el SAT y Carlos Martínez por el
Infonavit.
Todos se mantendrán en sesión permanente
para revisar artículo por artículo. Los del gobierno harán hasta lo imposible
por no moverle ni una coma, pues esa es la instrucción del Presidente.
El sector privado quiere modificar los
puntos que considera son fundamentales para la recuperación económica, la
conservación del empleo y para que la economía no pierda competitividad:
1.- Permitir el outsourcing como
una actividad regulada por la Constitución (artículo 123) y la Ley Federal del
Trabajo.
2.- No criminalizar ni al prestador de
servicios ni al contratante de esta actividad.
3.- Un periodo de transición de 6 a 12
meses para la entrada en vigor de las nuevas regulaciones.
4.- Que el registro o padrón de empresas no
sea discrecional por parte de la autoridad.
Andrés Manuel López Obrador.Ilustraciones
de Nelly Vega.
5.- Seguridad jurídica para que se defina
con precisión qué son los trabajos especializados; para que los pagos a los
prestadores de servicios tengan validez fiscal, y para que se permita tanto
el insourcing como el outsourcing que cumpla con todos los
requisitos de formalidad social, laboral y fiscal, entre otros.
6.- Combate a la elusión y defraudación
fiscal, así como garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
Por lo anterior, se estima que esta semana
la Cámara de Diputados no someterá a votación del Pleno la ley de outsourcing porque
espera el resultado de la negociación entre gobierno y el sector privado.
Pero López Obrador desea que en este mismo
periodo legislativo quede aprobada la nueva ley, mientras el empresariado pide piso
parejo y certeza para los inversionistas que permitan la recuperación
económica.
Alfonso Bouzas.
¿QUIÉNES, ¿ADEMÁS DE Arturo
Alcalde y Julio Scheler, participaron en la elaboración de esta nueva
iniciativa de outsourcing? Le informé desde la semana pasada que el
abogado laboralista, padre de la secretaria del Trabajo, junto con el consejero
jurídico, fueron quienes arrastraron el lápiz por instrucciones de Andrés
Manuel López Obrador. Esta propuesta que se sacaron de la manga no sólo
sorprendió a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, que
preside Carlos Salazar, quienes se dijeron 'traicionados' porque nunca
fueron consultados. También a los senadores Napoleón Gómez Urrutia y Ricardo
Monreal, que se quedaron con sus respectivas propuestas de iniciativas. Esta
que es 'la buena' si bien la hicieron Alcalde y Scherer contó con las opiniones
también de ideólogos laboralistas-sindicalistas muy identificados con la 4T,
como son los casos de Alfonso Bouzas, Oscar Alzaga y Manuel
Fuentes. El primero es investigador de la UNAM y coordinador del Observatorio
Ciudadano de la Reforma Laboral, el segundo abogado del Sindicato Minero y
funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del ex-DF y el
tercero doctor en derecho y profesor de la UAM Azcapotzalco.
Guilherme Loureiro.
ESTE LUNES FUE la junta de
aclaraciones para la licitación de los vales de despensa de la CDMX. Se
evidenció nuevamente que Sergio López Montesinos va a favorecer a la
empresa que gestiona los mencionados bonos. Hoy se está intentando otra vez
forzar el cumplimiento de algunas medidas técnicas en materia de seguridad,
como 'tinta reactiva al metal' y 'fondo de seguridad irizado', características
propias del vale de Broxel. Walmart de Guilherme Loureiro, Soriana
de Ricardo Martín Bringas y Chedraui de José Chedraui han
manifestado su malestar por la presión de Broxel, que dirige José Antonio
García León, quien amaga con sacarlos de la lista de lugares de aceptación si
no acceden a una alta comisión para poder pagar las millonarias bonificaciones
que dieron en 2019 para ganar la licitación. Entonces las cadenas sólo
otorgaron un 5 por ciento de descuento a los beneficiarios, pues tuvieron que
pagar a Broxel altas tasas de comisión siendo los perjudicados unos 315 mil
trabajadores de la CDMX. Parece que lo menos importante para el gobierno
de Claudia Sheinbaum es lo que reciban sus trabajadores.
Corie Barry.
TRAS DE QUE se confirmó la decisión de
Best Buy de irse de México el próximo mes, varias fueron las alertas que se
prendieron en distintos ámbitos del sector privado. Y es que aunque la cadena
de productos de tecnología informó que su salida se debía por los efectos de la
pandemia por coronavirus, que hacen inviable su negocio aquí, la realidad es
que la compañía que preside Corie Barry tomó la determinación por dos
razones: un clima de negocios desalentador para ejercer nuevas inversiones y,
consecuencia de lo anterior, una esperada caída en el consumo de los mexicanos
por la pérdida del poder adquisitivo. Más de una empresa levantó la ceja luego
del anuncio de Best Buy.
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