De avalarse el planteamiento constituye un "terrorismo fiscal" y un acto arbitrario, asegura la oposición
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá embargar los bienes de los contribuyentes o “terceros relacionados con ellos”, cuando estos se resisten a una auditoría. Esto, si la Cámara Diputados avala la propuesta para reformar el Código Fiscal de la Federación de 2021 que envió el Ejecutivo federal en su Paquete Económico.
De avalarse esta iniciativa en los términos que plantea la actual administración federal, no sólo podrían asegurarse los bienes de los contribuyentes, sino también los de terceros relacionados con ellos, como son sus clientes, proveedores y hasta empleados.
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La propuesta de reforma de la Presidencia de la República al Código Fiscal en su artículo 40, plantea practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, pero añade que esto podrá realizarse también a los “responsables solidarios o terceros con ellos relacionados”, ante un requerimiento o solicitud de documentación.
Aunado a esto, otra enmienda que propone la Presidencia es al artículo 45 del Código, la cual autorizaría a la autoridad fiscal, tomar fotos y videos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio del contribuyente”, además de poder acceder al mismo.
Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, estas propuestas “constituyen un atentado a la intimidad”, pues considera que el fisco le podrá tomar video y fotografías a cualquier ciudadano que sea auditado. No sólo a su casa, dice, sino hasta a sus propiedades más personales como muebles, ropa, libros e incluso a su mascota.
“Lo calificó como un acto arbitrario sin precedentes. Sobre todo en cuanto a la enmienda del artículo 40, pues el SAT irá con todo para confiscar recursos”, afirmó.
De ser avaladas, que, “si se es un arrendador, inquilino, proveedor, cliente o empleado de un contribuyente auditado, podría asegurar sus bienes sólo por estar relacionado con él”.
TERRORISMO FISCAL
En el mismo sentido, para Clara Elena Valladares, investigadora del departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, las propuestas del Ejecutivo federal van en línea con un “terrorismo fiscal” que lo que busca es obligar a los contribuyentes a pagar sus adeudos.
“Es una política que en los años 80 y 90 con la famosa ‘Lolita’ se tenía, un “terrorismo fiscal” que es lo mismo que está aplicando este gobierno”, apuntó.
De acuerdo con la académica, el tema de los embargos ya se establece en la legislación actual, tal como sucedió en abril cuando el SAT colocó sellos en una propiedad de la familia Alemán por adeudos de Interjet.
Lo nuevo es que se puedan extender estos embargos a terceros relacionados.
“Si la autoridad embarga a una empresa material pero no alcanza para cubrir el adeudo entonces podrá ir con su proveedor, esto es a lo que se refiere”, explicó.
Sin embargo, Clara elena Valladares recordó que la Constitución protege las garantías individuales, por lo que, en casode ser aprobada la iniciativa, los proveedores o clientes de una empresas que va a ser embargada podrán acudir a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) para protegerse ante estas medidas.Con información de Juan Luis Ramos | El Sol de México
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