Para determinar si la suspensión provisional se convierte en definitiva, se llevará a cabo una audiencia el 24 de agosto, señalaron las autoridades.
Una jueza federal concedió este martes una suspensión provisional a Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no significa que vaya a alcanzar su libertad condicional.
La suspensión la concedió María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, al aceptar a trámite el juicio de amparo que Robles inició el 10 de agosto.
La exfuncionaria se amparó contra la resolución judicial dictada en audiencia de 30 de abril de este año, en la que se declaró infundada su solicitud de revisión y/o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso.
Quien desechó aquella solicitud fue Alejandro Villar Ceballos, juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al centro de justicia penal federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
El 10 de junio, la jueza Núñez Solorio aceptó a trámite la demanda de amparo que promovió Robles Berlanga a través de su defensor, Epigmenio Mendieta.
Aunque se tenía prevista una audiencia para el lunes de esta semana, esta se difirió debido a la imposibilidad que tuvo el propio juzgado para poder notificar a las partes de la suspensión provisional concedida.
Por ello, la jueza convocó a una nueva audiencia incidental, la cual se llevará a cabo el 24 de agosto próximo a las 10:05 horas. En ella se determinará si se concede la suspensión definitiva y los efectos de la decisión.
Este juicio de amparo es una 'carta' que tiene Robles Berlanga para alcanzar la libertad condicional y, con ello, seguir en libertad el juicio que se le sigue por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
A la exfuncionaria se le acusa por la 'omisión' de informar a su superior jerárquico (el expresidente Peña Nieto) de una serie de irregularidades que derivaron en un quebranto por 5 mil 73 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu.
Los delitos que se le imputan están previstos en la fracción III, del artículo 214 del Código Penal Federal, y sancionados en el último párrafo de dicho ordenamiento, los cuales no prevén la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, el 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la senadora Dolores Padierna, la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.
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