Esta presumible irregularidad pone bajo la lupa a la administración de EPN
Desde la Secretaría de la Función Pública (SFP) se auditó la construcción en su totalidad. A lo largo de 2019 la dependencia federal realizó cuatro visitas de supervisión, así como también seis verificaciones de calidad, en las que se determinaron 49 observaciones. La SFP determinó que hay un monto por aclarar, justificar o recuperar de 616.2 millones de pesos.
Una de las obras que dejó inconclusas la administración que encabezó el priísta Enrique Peña Nieto fue el Tren Interurbano Toluca-México el cual tiene como meta conectar el municipio de Zinacantepec, Estado de México, con la Ciudad de México teniendo como destino final la estación del Metro Observatorio. Esta obra fue presentada en 2014, la cual costaría 38 mil millones de pesos.
Pese a dicha estimación, por parte del gobierno federal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2018 el monto ascendía a 59 mil millones de pesos, es decir el costo total ascendió a 59 mil millones de pesos, más del 50% del monto original.
La obra del Tren Interurbano fue descrita por la administración Peña como “un medio rápido y cómodo de transporte dará servicio a 230 mil pasajeros al día. Tendrá una longitud total de 57.7 kilómetros y seis estaciones: dos terminales y cuatro intermedias”.
Desde que inició la construcción, comuneros mexiquenses se quejaron de anomalías y arbitrariedades por parte del gobierno federal del PRI al despojar de sus tierras a campesinos, lo que imposibilitó que la obra fuese concluida en 2017 tal y como se esbozó en el proyecto original.
Al término de la gestión de Peña Nieto la construcción se paró para atender las múltiples anomalías que se denunciaron no sólo por parte de los comuneros que les fueron expropiadas sus tierras, también por los indicios de que los recursos empleados para la obra fueron desviados o no fueron justificados de la forma correcta.
Al quedar inconclusa la obra, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será el encargado de concluirla, no obstante ésta se esboza como de largo plazo, pues al existir indicios de múltiples anomalías, el gobierno federal por medio de Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, busca los mecanismos necesarios para sanear la misma de corrupción, pese a que la obra se reanudó en diciembre del año pasado.
Por lo anterior, desde la Secretaría de la Función Pública (SFP) se auditó la construcción en su totalidad. A lo largo de 2019 la dependencia federal realizó cuatro visitas de supervisión, así como también seis verificaciones de calidad, en las que se determinaron 49 observaciones. La SFP determinó que hay un monto por aclarar, justificar o recuperar de 616.2 millones de pesos.
La dependencia que se encargó de llevar a cargo la obra fue la Secretaría de Comunicaciones y transportes, las cual, al momento de que se comenzó estaba a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue severamente cuestionado por el socavón que se presentó luego de que se entregara la obra del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, tramo carretero que conecta la capital de Morelos con la Ciudad de México y conduce a Acapulco, Guerrero.
De acuerdo con el informe presentado por la Función Pública, las principales anomalías detectadas en la construcción del Tren Interurbano tienen que ver con pagos indebidos, los cuales carecen de sustento documental y de su procedencia considerados en los costos indirectos, que equivalen a 180.2 millones de pesos. Además la auditoría expone que se dio una “inadecuada autorización de precios extraordinarios” por montos equivalentes a 155 millones de pesos.
Lo expuesto por la Secretaría de la Función Pública plantea que existen “incongruencias entre el catálogo de conceptos y los precios unitarios que equivalen a 69 millones de pesos. Por otra parte, la SFP plantea que en la obra se dieron “trabajos ejecutados sin comprobación documental” por un monto de 67.7 millones de pesos.
Otra de las anomalías detectadas tienen que ver con la “obra realizada sin cumplir las especificaciones convenidas” teniendo un impacto de 58.1 millones de pesos. En el documento se esboza que hay pagos que no corresponden con los conceptos de la obra, este monto es de 40.2 millones de pesos. Asimismo se encontraron pagos en exceso por concepto de estimaciones, teniendo un impacto de 25.1 millones de pesos. Asimismo, se reportaron otras irregularidades, que no se detallan en la auditoría, pero que tienen un costo de 21.1 millones de pesos.
Aunque el documento no detalla qué áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están implicadas en estas anomalías encontradas, es claro que la responsabilidad directa por lo acontecido recae en el ex secretario del ramo por ser quien supervisó y dio seguimiento a la obra. Las anomalías detectadas por la SFP tienen sustento con base en las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Pese a las anomalías reveladas por la Secretaría de la Función Pública, el gobierno de la República se encargará de terminar la misma, con la participación de capital privado y se tiene pensado que ésta sea concluida al finalizar el sexenio. En este sentido, la iniciativa privada participará con una inversión de 20 mil millones de pesos durante el presente año.
Hace unos meses Javier Jiménez Espriú, titular de Comunicaciones y Transportes anunciaba que la IP participaría en este proceso con base en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Con ello, la Federación estará concesionando la operación de la obra. El Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año contempla un monto de tres mil millones de pesos para la obra, por lo que la inversión total sería de 23 mil millones de pesos.
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