México fue uno de los primeros países en la historia en crear un recurso legal para proteger a las personas y sus bienes de los abusos de las autoridades. Se conoce como amparo y hoy se pretende modificar para que el gobierno federal pueda pasar sobre los derechos humanos de todos.Este recurso y...
México fue uno de los primeros países en la historia en crear un recurso legal para proteger a las personas y sus bienes de los abusos de las autoridades. Se conoce como amparo y hoy se pretende modificar para que el gobierno federal pueda pasar sobre los derechos humanos de todos.
Este recurso y la actuación de los jueces de amparo han dado certidumbre jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras, y protegido a muchas personas de ser encarceladas por abusos de los cuerpos de seguridad e incluso de obligar a las autoridades, por su omisión, a investigar crímenes y actos de corrupción. Así de importante.
Desde el Senado, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, anunció una reforma para que el amparo no procediera para detener las obras públicas del gobierno del Presidente López Obrador.
Horas después de generarse una corriente intensa de críticas, el legislador bajó el tuit por el que había anunciado su propuesta de reforma.
Aun cuando expresó que detendría su presentación para buscar el diálogo antes de la supuesta reforma, el hecho permite hacer dos suposiciones. O quiso sumarse a los “reformistas” del paquete de modificaciones en materia penal y no quedarse atrás o verdaderamente está convencido de que ésa es la vía para ayudar a los proyectos del Ejecutivo, porque la ley estorba.
Un ejemplo. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía fue detenida porque ciudadanos organizados presentaron una demanda de amparo ante la probabilidad de poner en riesgo la vida de los pasajeros, al no contarse con estudios, así como la implicación de un dispendio de recursos públicos por la cancelación del otro aeropuerto.
Un juez del Poder Judicial de la Federación concedió lo que se conoce como “suspensión provisional”, es decir, detener todo hasta que él pudiera determinar si, efectivamente, había tal riesgo o dispendio y si se violaba algún derecho. Ante ello, el gobierno federal debió declarar que esas obras eran “de interés para la seguridad nacional”, para que continuaran.
No cansaré al lector con tecnicismos, pero la Ley de Amparo tiene excepciones para conceder una “suspensión”; una de ellas es la mencionada o cuando se afecte el interés económico de la nación, etcétera.
Las razones por las que el anuncio del senador Monreal causó tanta polémica es que va en contra de tratados internacionales y, en un determinado momento, podría provocar que la propia Ley de Amparo pudiera ser reclamada como inconstitucional, un verdadero entuerto, sobre el cual la Suprema Corte y algunos tribunales colegiados se han pronunciado.
Pero, en fin, lo que la propuesta estaría generando, y es sólo una hipótesis porque no la ha hecho pública, es privar a las y los mexicanos de un medio de defensa.
Esto equivaldría a lo siguiente: si una comunidad indígena —cuyos derechos humanos también están protegidos por las convenciones internacionales— pide la protección de un juez federal porque el Tren Maya afecta sus derechos, el juzgador estaría deteniendo la obra, a través de una suspensión.
Y si se van amparando las comunidades, la obra no se terminará de construir o cambiará su ruta por ser violatoria de derechos humanos.
Eso es lo que la pretendida reforma busca. Que ante el reclamo legal de un ciudadano, comunidad o pueblo, la ley lo deje de proteger para que el gobierno pueda construir su obra.
Otro ejemplo. El gobierno anuncia que cerca de su casa pasará un gasoducto. Usted tiene el derecho de solicitar ante un juez la suspensión de esa obra porque le afecta su seguridad.
La contrarreforma le impediría ser defendido y se tendrá que acostumbrar a vivir con el gasoducto a la puerta de su casa.
El senador Monreal no es un improvisado en los temas del derecho. Lo ha demostrado en su larga carrera como legislador y funcionario bajo su militancia en el PRI, el PRD, el PT, MC y ahora en Morena.
Sabe perfectamente que esa reforma, al implicar modificar la Constitución, es poco probable que pase. Entonces, cuál cree usted que sea la intencionalidad de anunciarla.
López Obrador termina su mandato en cinco años. Si su intención es visibilizarse como candidato, la va a tener muy difícil contra Marcelo Ebrard.
Si no lo logra, no podrá desvincular de su trayectoria el ser artífice de contrarreformas y decisiones tan cuestionables como la designación de la titular de la CNDH.
Monreal ha sido polémico en sus propuestas hacia el Poder Judicial Federal. Es autor de la llamada “sacudida” que debería dársele y que mereció una enmendada de AMLO, acordada o no.
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