Subordinación forzada

Ningún triunfo obliga a la subordinación. No en democracia y menos, si el dominio se
pretende a costa de derechos como la libertad de expresión, de asociación o de
investigación.

El triunfo de la autodenominada “Cuarta Transformación”, tampoco fue un cheque en blanco
para ejercer el autoritarismo y mucho menos para violar nuestras leyes, como hizo esta
semana el Conacyt al publicar en el Diario Ocial de la Federación una serie de reformas a
las disposiciones de su Estatuto Orgánico.

La centralización del poder es el objetivo. Lo que no se gana se arrebata, parece ser el
mensaje gubernamental a la comunidad cientíca, tecnológica y de innovación, representada
por el Foro Consultivo Cientíco y Tecnológico (FCCyT), constituido en asociación civil, por
ley, desde el año 2002.

En una franca violación a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Constitución y al procedimiento
para reformar el Estatuto Orgánico, se pretende someter al FCCyT al mando de la directora
general del Conacyt, contraviniendo la autonomía del foro.

Además de nuestra Carta Magna, el gobierno mexicano ignora la recomendación de la
UNESCO, que en 2017 se pronunció porque los Estados Miembros den a los investigadores
cientícos la oportunidad de participar en la elaboración de políticas nacionales, apoyados
por mecanismos institucionales adecuados, el fomento a su creatividad, y “guardando el
máximo respeto a la autonomía y a la libertad de investigación, indispensables para el
progreso cientíco”.

El Acuerdo en comento, enla sin rubor alguno sus baterías contra el FCCyT, al pretender
cambiar el mecanismo de emisión de sus bases de integración funcionamiento y
organización, para que ahora sean propuestas por un par de direcciones adjuntas, en lugar
de que surjan del Foro y se expidan —como hasta ahora— de forma conjunta por su Mesa
Directiva y el Conacyt. Atentando contra la organización interna del Foro, se quita el asiento
de la coordinación general en la Junta de Gobierno del Conacyt, sustituyéndolo por la
“invitación” a un miembro de su Mesa Directiva. Y por si fuera poco, la directiva de Conacyt
elimina la participación del FCCyT en la formulación de políticas públicas en el sector,
restringiendo sus alcances legales y acotando su actuación a las peticiones expresas de
información por parte del Poder Legislativo federal y del propio Consejo Nacional.

La intención no es nueva: desde julio se detuvo la asignación de recursos al Foro Consultivo,
mandatada por el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a pesar de que, en octubre,
una sentencia judicial ordenó a la institución entregarle recursos sucientes.

En su prisa por desaparecer todo aquello que signique un contrapeso real, la publicación de
estas modicaciones al Estatuto del Conacyt en el Diario Ocial de la Federación, dejan a un
lado la ruta jurídica y reducen a mera demagogia la multicitada frase del presidente López
Obrador: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

De mantenerse semejante atropello a nuestras normas, habrán sido en vano los ocho foros
que se realizaron este año por el Congreso, para analizar el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación”; el mandato constitucional para construir una nueva ley, y hasta la
iniciativa de tintes francamente centralistas que presentó en febrero pasado una senadora
de Morena.

En este sexenio ya es costumbre emitir decretos y acuerdos sin atender la ley, para luego
“formalizarlos” aprovechando la mayoría conformada por Morena, PT, PES y PVEM en el
Congreso, quienes barren de arriba hacia abajo sus errores institucionales y faltas legales,
en la construcción de una autocracia que solo perjudica a México.