El Pleno del Senado aprobó por unanimidad este jueves un dictamen que establece la obligatoriedad para que jueces y magistrados, tanto federales como locales, hagan público el texto íntegro de todas sus sentencias; se turna a la Cámara de Diputados.
La iniciativa que reforma el artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue aprobada con 73 votos, busca fortalecer la transparencia en el Poder Judicial e inhibir la corrupción.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Protección Ciudadana, Clemente Castañeda Hoeflich, al presentar el dictamen en tribuna, consideró que la iniciativa ayudará a hacer un cambio importante en la vida pública del país, particularmente en los avances en materia de transparencia judicial.
“Esta es una muestra de que se puede construir en la diferencia cuando se trata de avanzar en temas tan nobles como la transparencia y el combate a la corrupción”, dijo.
La senadora panista, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que esta es la mejor manera de saber cómo actúan los jueces y los tribunales al resolver los casos, y conocer las sentencias cuidando los datos personales.
“Cuando los impartidores de justicia sepan que sus sentencias son públicas, desnudaremos posibles actos de corrupción”, agregó.
De acuerdo con la exposición de motivos, si la sociedad no tiene acceso a las sentencias no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, por lo que será imposible evitar que se emitan sentencias discriminatorias, o detectar actos de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano.
El dictamen señala que, actualmente, las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de la ciudadanía sólo aquellas sentencias que sean consideradas de “interés público”.
Dada la ambigüedad de este concepto, el Poder Judicial se escuda en esa disposición para mantener la opacidad en su labor como juzgador.
En México, ninguno de los 32 poderes judiciales del país cumplía con su obligación de transparentar sentencias de acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo, según una investigación realizada en 2015 por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres.
El texto referido indica que parte fundamental del ejercicio de interacción entre la ciudadanía y autoridades, es contar con la posibilidad de observar, analizar y generar información a través de los datos que las autoridades ofrecen sobre su función.
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