El Pleno del Senado aprobó este jueves incluir el robo a servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado en el catálogo de delitos de delincuencia organizada.
El dictamen, que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, obtuvo 71 votos a favor y siete en contra. Este fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión.
Este documento señala que la incidencia de este delito es alta y se comete no solo con violencia, sino sobre todo mediante una organización y estructura, lo cual pone riesgos y amenaza a la integridad de las personas que se trasladan por carretera, así como el impacto negativo y pérdidas económicas que genera en el sector público, privado y en los diferentes procesos económicos.
En el dictamen se precisa que el autotransporte es un sector de gran relevancia para cualquier economía, ya que esta actividad contribuye con el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, además de que genera seis millones de empleos directo e indirectos anuales.
“Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en México, el robo con violencia se detonó al pasar de cinco mil 192 eventos durante 2015, a nueve mil 35 casos en 2017, lo que representó un crecimiento de 74 por ciento”, argumenta el dictamen.
Por ello, indica, es fundamental que el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje, turismo o transporte privado, sea investigado por el ministerio público como delincuencia organizada, debido a la estructura y organización con la cual se perpetra.
“Este delito es parte de la actuación del crimen organizado a lo largo del país. Para diciembre de 2018 había un total de 12 mil 206 robos a autotransporte de carga, de los cuales 10 mil 371 fueron con violencia. Por ello, esta reforma dotará a las autoridades de instrumentos que le permitan hacer frente a este delito”, dijo el senador de Morena, José Alejandro Peña Villa.
En tanto, el senador panista Damián Zepeda, se pronunció en contra de la iniciativa, al considerar que viola los derechos humanos.
“Es una contrarreforma al sistema de justicia panal y a la presunción de inocencia. Lo que se requiere es una mejor investigación y fortalecer a la Fiscalía General”, agregó.
A propuesta de los senadores Miguel Ángel Macera, del PRD, y Verónica Martínez García, del PRI, se modificó el dictamen para incluir al transporte ferroviario, debido a que este no se contemplaba en el documento original.
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