La decisión dependerá de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
El juez Felipe Landeros Herrera concedió este lunes el cambio de prisión preventiva oficiosa, por el de un brazalete electrónico a Daniel García y Reyes Alpízar, presuntos inculpados en el asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez, ocurrido en el año 2001.
La reclasificación procederá siempre y cuando el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, lo autorice en los próximos tres días.
Daniel García y Reyes Alpízar han permanecido recluidos desde hace 17 años en el penal de Barrientos.
El cambio de medida cautelar es por las graves violaciones de los derechos humanos a estas personas, acusadas de presunto homicidio calificado, señaló por su parte el Colectivo Pena Sin Culpa.
Ante la solicitud del Ministerio Público y la defensa, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla sustituyó la medida cautelar durante la audiencia de continuación celebrada en Barrientos.
Los inculpados deberán de presentarse a las audiencias, no tener contacto con las víctimas y sus familiares, no salir de la entidad, y estarán sujetos a un brazalete electrónico.
El plazo de los tres días empezará a correr a partir del momento que se les notifique, y de acuerdo al abogado Simón Hernández, vence el próximo jueves.
Por lo que se refiere a Pedro Tamez, padre de la regidora, tendrá un asesor jurídico de la Unidad de Atención a Víctimas, un médico y psicólogo en apoyo.
El impartidor de justicia expresó que la revisión del cambio de medida cautelar fue decisión de dos ejecuciones ordenada por el Tribunal de Alzada, quien pidió reponer el procedimiento.
Dejó claro que la audiencia no está demostrando si tienen culpabilidad, esto no es el objetivo de esta decisión, señaló el juez.
La medida cautelar se aplicará mientras se decide si son culpables o no, y se determinara también si existen los soportes legales para subsanar las medidas que se les impuso en 2002.
Simón Hernández, abogado común de los inculpados, admitió que no tienen nada definido.
Está sujeto a la decisión del fiscal de ratificar la solicitud que está fundamentada en que no hay un riesgo. A partir de esta respuesta se concedería el brazalete electrónico.
Es un avance, porque veníamos reclamando la medida cautelar desde el 2006, y que en el Código Nacional se autoriza en 48 horas, nosotros tuvimos que esperar años e interponer una serie de recursos para que se nos diera la razón, expresó.
La determinación del juez también significaría que quien estaba violentando el proceso era la Fiscalía o el propio juzgado.
CONFIANZA
A su vez, Pedro Tamez, padre de la regidora asesinada, expresó su confianza en que el Fiscal Alejandro Gómez Sánchez les niegue esa medida cautelar.
“Y no va a pasar de ninguna manera, porque es un delito grave”, afirmó.
Mencionó que no necesita medidas de vigilancia para él y su familia.
“Cuando te toca, te toca, por más que te vigilen te van a matar”.
Además, sigue considerando como el autor intelectual de la muerte de su hija a Daniel García y a Reyes Alpizar, junto con el “Jimy”, quien sigue prófugo.
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz están en proceso por el asesinato de la regidora Tamez, pero la autoridad no ha podido demostrar que participaron en el caso.
"Utilizaron a la Procuraduría como un mecanismo para combatir a los opositores políticos y esa medida degenero el caso, y por eso seguimos 17 años después sin sentencia", apuntó el abogado Simón Hernández.
“Durante todo este tiempo hemos tenido que recurrir a presentar un amparo para obtener copias de la averiguación previa”, agrega la defensa de ambos inculpados.
ALCALDE
En abril de 2002, Antonio Domínguez Zambrano perdió sus derechos como alcalde del municipio de Atizapán, al quedar formalmente preso por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.
Domínguez Zambrano fue trasladado al penal de Barrientos después de que las autoridades lo mantuvieron bajo arresto domiciliario en un hotel del municipio de Tlalnepantla, pues se le señaló como involucrado en el asesinato de la regidora.
Luego de permanecer en prisión tres años y siete meses, recupero su libertad, cuando la segunda sala colegiada del Tribunal Superior de Justicia mexiquense (TSJEM), con sede en Tlalnepantla, no encontró elementos para juzgarlo.
ASUNTO POLÍTICO
Domínguez Zambrano aseguró que este fue un asunto político llevado a otros terrenos.
“La carrera política que se vislumbraba, eran importante, se avecinaban procesos electorales trascendentes para el Estado de México y la intención era cortarle las alas al PAN”, señaló.
Asegura que su administración estaba bien calificada por la ciudadanía, “tan es así, que cuando yo estaba en proceso recluido, volvieron a darle el apoyo electoral al PAN, partido al cual pertenezco”.
Francisco Garate Chapa, exdirigente estatal del PAN, aseguró que hubo intenciones de dañar políticamente a su partido.
Gobernábamos un buen número de alcaldías importantes, se había logrado la mayoría relativa en el Congreso Local y los panistas íbamos alzando políticamente.
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