Ciudad de México. Productores de tomate rojo denunciaron que el Departamento de Comercio de Estados Unidos pretende incrementar la cuota compensatoria contra ese producto agrícola de 17.5 a 25.28 por ciento, además de la pretensión de inspeccionar al 100 por ciento los 120 mil camiones que cruzan anualmente la frontera para transportar la hortaliza al país vecino del norte.
De acuerdo con el resultado preliminar de la investigación que realiza el organismo del gobierno estadunidense –la cual fue reactivada el pasado 7 de mayo--, existen prácticas desleales en la venta de ese producto mexicano en el mercado estadounidense, pues su precio estaría por debajo del precio real.
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Por ello, el Departamento de Comercio estaría evaluando, de acuerdo con las metodologías aplicadas, que la cuota compensatoria en contra del jitomate pase a 25.28 por ciento, margen que es mayor al 17.5 por ciento que fue establecido en 1996.
Mario Robles, director de la división de hortalizas de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) explicó que en condiciones normales y usando metodologías tradicionales, el margen en las tres empresas investigadas debería haber sido de cero, o muy cercano a esas cifra, pero el Departamento de Comercio usó una metodología que es apropiada para bienes duraderos, no para perecederos, por lo cual determinó aplicar un tratamiento metodológico diferente para cada uno de los investigados; y en un caso en particular, usó una combinación de ellas, para llegar a un margen de dumping mayor.
Aunado a ello, tanto CAADES, como la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), el Consejo Agrícola de Baja California (CABC), el Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui-Mayo (APHYM) denunciaron que el gobierno estadunidense busca inspeccionar todos los transportes terrestres que movilizan al jitomate a ese país.
“El Departamento de Comercio no quiere ceder en su postura de obligarnos a través de la firma del acuerdo, a aceptar que los más de 120 mil camiones que usamos al año para la exportación de tomate a Estados Unidos, tengan que ser inspeccionados por calidad en la frontera en un plazo de hasta 72 horas, lo cual causaría un verdadero caos logístico en la exportación para el tomate y de otras mercancías como autopartes, electrónicos, a las maquiladoras y demás manufacturas, afectando el comercio en general y en particular a la comercialización del tomate”, acusó Robles.
Acotó que las inspecciones de calidad entran en el ámbito gubernamental, porque la calidad es un atributo que no justifica el establecimiento de medidas de inspección a la importación, como si se podría justificar en otros aspectos como fitosanitarios, sanitarios, de residuos tóxicos o de inocuidad, en los cuales ambos gobiernos tienen fuertes lazos de cooperación y buena voluntad.
Robles indicó que el gobierno mexicano ya tiene conocimiento e indicó que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, ya ha comunicado esto a su homologo el Secretario Sonny Perdue, por lo que de prosperar esas medidas, México podría aplicar regulaciones similares a la importación de alimentos si éstas son pedidas por los productores mexicanos.
Las organizaciones que representan a la industria del tomate, responsables de la negociación que mantienen par eliminar los aranceles, solicitaron al secretario de Agricultura la aplicación de medidas espejo para que inspeccione la calidad del maíz, trigo, soya, sorgo, lácteos, fructosas, manzanas, peras, uvas, carne de res, puerco y aves.
“Le hemos pedido que ya es tiempo de que se proteja a nuestros productores de granos básicos; se coordinen las dependencias y se inicien investigaciones de subsidios a la importación de granos y cereales de ese país; pues no es un secreto que el gobierno estadounidense otorga enormes subsidios a sus granjeros a través del Farm Bill y otros fondos, en productos que finalmente vienen a parar a México desplazando y causando daño a la producción nacional”, apuntó.
Advirtió una medida así no le conviene a los productores agrícolas de Estados Unidos, pues México es su principal mercado, después de las medidas de represalia aplicadas por China.
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