El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca minimizar la cantidad de litigios que pudiera enfrentar por la cancelación del proyecto en Texcoco y evitar 'fondos buitre' en la recompra de los bonos del NAIM, manifestó Luis de la Calle.
Ante el impacto, no solo en términos de los contratistas sino de los tenedores de bonos, por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco y las probables demandas en tribunales internacionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prepara una estrategia de compra de bonos que permita minimizar la probabilidad de esos juicios y alejarlos de los “fondo buitre”.
Este plan “es un reflejo de que la Secretaría de Hacienda entrante ha estado trabajando desde hace varias semanas para enfrentar un reto tan importante como la cancelación del NAIM”, señaló en entrevista para #AristeguiEnVivo, Luis de la Calle.
El director General de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera detalló que lo que se busca es dar estabilidad a esos bonos y así, “evitar un contagio con otros bonos del gobierno mexicano en los mercados internacionales”.
De haberse concretado el proyecto en Texcoco, el aeropuerto habría tenido un costo de entre 12 y 13 mil millones de dólares aproximadamente, de los cuales 6 mil millones se encontraban fondeados por bonos pertenecientes a miles de personas físicas y morales, además de instituciones financieras y fondos de pensiones; así como con instrumentos de deuda e inyecciones del Gobierno Federal.
Cada uno de esos bonos estaba garantizado con la recaudación futura de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), el impuesto que se le cobra a los viajeros por el uso de la terminal aérea.
Esto permite que “el aeropuerto sea autofinanciable en sentido de que son los propios usuarios los que terminan pagando la construcción, pero hace adelantando esos pagos a través de la emisión de esos bonos y con esos bonos se paga la construcción”, explicó De la Calle.
De la Calle señaló que hasta el momento se desconoce si la recompra que planea hacer el Gobierno Federal será exitosa o no, pues todo dependerá de que participe al menos el 50 por ciento de los tenedores en la subasta.
Al participar dicho porcentaje “van a lograr eliminar las obligaciones que existen dentro de los bonos en materia de los compromisos que había hecho el Gobierno de construir el aeropuerto, no cancelarlo y utilizar el TUA de Texcoco para el repago de los bonos”, dijo.
Añadió que la estrategia del nuevo gobierno consiste en que con mil 800 millones de dólares convenzan a la mitad de participar en la subasta, “pero al participar le van a pedir al tenedor que elimine de su bono las obligaciones del Gobierno mexicano”.
A cambio “les darán un precio entre 90 y 100, que es probablemente mayor al que tendrían si hubiera una cancelación del aeropuerto y entonces los bonos quedaran suscritos a un litigio”.
De la Calle explicó que hasta el pasado domingo 2 de diciembre, los bonos estaban en niveles de 70 altos y que con el anuncio de la nueva administración de López Obrador sobre el proyecto del NAIM subieron a 80, por lo que el Gobierno de México, a través de dinero público que podrá venir de varias fuentes, ofrecerá, a través de la recompra, “pagar por lo menos 90 hasta llegar a 100. Es decir ‘lo que tú me prestaste por cada bono'”.
Lo más probable es que los tenedores consideren la propuesta “una pérdida importante de su patrimonio y que algunos puede que sí lo acepten para evitar el riego pero otros no y eso es lo que se verá en la subasta”, dijo.
Aunque ahora todo el panorama se maneja con especulaciones hechas a partir de lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda, es verdad que si la subasta es completamente exitosa, el Gobierno mexicano va a evitar un número importante de litigios.
Lo anterior permitirá mejorar el perfil de la deuda que genere el aeropuerto.
De la Calle señaló que al final, “los tenedores de los bonos van a ir escogiendo si quieren o no, pero seguramente el gobierno mexicano fijará un umbral para decir si la subasta va”. Incluso, reconoció que “si participan pocos, probablemente el gobierno mexicano no siga con la subasta“.
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