CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos podría propiciar un choque entre el Poder Judicial y el próximo gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, en entrevista con El Financiero, esta ley, que establece que ningún servidor público no sólo en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también en el Judicial, podrá ganar más que el presidente de la República, se contrapone con el artículo 94 de la Constitución, el cual establece:
“La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”
El presidente electo ha dicho que a partir de enero de 2019 recibirá un sueldo de 108 mil pesos, lo cual implicaría que a magistrados, jueces y ministros se les debería de reducir el salario.
Esto propiciará que miembros del propio Poder Judicial interpongan controversias constitucionales, las cuales deberán ser resueltas por la propia Suprema Corte Justicia de la Nación.
De acuerdo con Astudillo, nuestra Carta Magna ofrece una doble garantía al Poder Judicial, ya que también establece que los jueces, magistrados y ministros de la Corte tendrán una remuneración digna y adecuada, como una garantía que fortalece su independencia.
Por ello, consideró que hay que ver cómo reaccionará el Poder Judicial, porque muy probablemente quien presente un amparo frente a esta Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos lo ganaría.
El investigador de la máxima casa de estudios del país consideró que en principio esta ley, que además establece que a partir del 1 de enero de 2019 los expresidentes dejarán recibir sus pensiones, era necesaria porque busca compensar las abundancias que algunos funcionarios de manera irrazonable se estaban dando.
“Claramente una ley como esta sería absolutamente obligatoria, sin ningún tipo de problema jurídico, si nada más fuera para la administración pública federal, que es el ámbito del Ejecutivo al que le corresponde. Ahí no habría ningún problema incluso que fuera hacia el ámbito legislativo. Sin embargo, el ámbito judicial tiene esta doble garantía”, explicó.
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