La Fiscalía mexicana, obligada a publicar el expediente del ‘caso Odebrecht’

El Instituto de Transparencia de México permitirá consultar la investigación que señala a Emilio Lozoya, extitular de la petrolera, como culpable de enriquecimiento ilícito

La investigación realizada en México sobre la constructora brasileña Odebrecht será pública. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha ordenado a la Fiscalía mexicana entregar toda la información recabada sobre las irregularidades detectadas entre Petróleos de México (Pemex) y una filial de Odebrecht que suman unos 2.500 millones de pesos (135 millones de dólares). Hasta el momento, ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos implicados en la trama de corrupción.


El organismo autónomo de transparencia ha argumentado que la decisión de hacer públicos los documentos se debe a que el caso Odebrecht es un tema de interés público. "Abona a la rendición de cuentas y permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad", se lee en el comunicado tras la resolución del pleno. El INAI asume esta trama de corrupción internacional como un "sentido reclamo social" y como "hechos que generan indignación y lastiman a la población".

Uno de los principales señalados es Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016. De acuerdo con Luis Alberto de Menseses Weyll, un directivo en México de la constructora brasileña, el funcionario mexicano recibió un soborno de cuatro millones de dólares. Lozoya es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho. El ex director de la petrolera mexicana ha negado las acusaciones y ha retrasado el proceso judicial en su contra.

La constructora Odebrecht fue sancionada e inhabilitada para operar en México. Una de las últimas multas, en abril pasado, fue de unos 30 millones de dólares y vino acompañada de una suspensión por dos años y tres meses debido al incumplimiento de un contrato que se había firmado en 2015.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, entre 2015 y 2016, la petrolera pública de México pagó más de 668 millones de pesos (unos 35,5 millones de dólares) por servicios no prestados y que, al mismo tiempo, tuvo unas pérdidas de 19.935 millones de pesos con la venta de etano por debajo del precio de mercado. Sin embargo, en marzo pasado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) bloqueó en el congreso avanzar en las pesquisas del órgano auditor.

Uno de los recurrentes lemas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el combate a la corrupción. El ahora presidente electo de México ha recibido críticas por no especificar su método para acabar con un problema que ha acorralado al país y lo sitúa en la posición 135 de 180 del índice de Corrupción de Transparencia Internacional.