Un grupo de 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificó como inaceptable que, en materia de seguridad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intente supeditar a las autoridades locales a través de coordinadores estatales.
En un desplegado, señalaron que la condición esencial del funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria entre los órdenes de gobierno.
En ese sentido, se manifestaron a favor de “construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades”.
Si bien reiteraron su disposición para trabajar con el próximo gobierno, aclararon que “la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar”.
“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro“, añadieron.
En el documento indicaron que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo.
“Por ello nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘Coordinadores Estatales’ del Gobierno Federal, y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, agregaron.
En su opinión, para combatir la inseguridad es necesario atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado, así como fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social.
“Establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria”, abundó.
Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables.
Aunque reconocieron la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y dijeron estar de acuerdo con que continúen con esa labor, consideraron que sólo deben participar “en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”.
“La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir mas a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales”, subrayaron.
El desplegado fue firmado por los siguientes mandatarios estatales.
C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes
Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California
Mtro. Carlos Mendoza Davis
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
Lic. Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Dr. José Rosas Aispuro Torres
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango
Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato
Lic. Antonio Echevarría García
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Dr. José Antonio Gali Fayad
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla
MVZ. Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro
C.P. Carlos Joaquín González
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán
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