Faltan tres meses para que termine el sexenio, y muchas empresas que ofrecen sus servicios al gobierno federal o a los gobiernos estatales iniciarán procesos de cobranza por los montos que les adeudan.
De acuerdo con Francisco Cuellar, director y socio fundador de la firma Litis Consorcio, con el cambio de gobierno que viene el próximo 1 de diciembre se espera una “ola” de procesos de cobranza por parte de empresas a las que se les deben pagos por bienes o servicios realizados a secretarías, estados y municipios, instituciones del gobierno o empresas como CFE y Pemex.
“Cualquier cambio de gobierno, ya sea del mismo partido u otro, provoca que las empresas busquen recuperar lo que les debe el gobierno por prestar sus servicios. Ahora bien, teniendo en cuenta que en varios estados el nuevo gobierno es de un partido distinto al que estaba gobernando, muchas empresas tratarán de recuperar ese dinero”, indicó Cuellar.
El abogado, experto en licitaciones y cobranza a los gobiernos, señaló que en las últimas semanas ha recibido numerosas solicitudes y llamadas de empresas para contratar los servicios de cobranza, por lo que espera que en los meses de octubre y noviembre se incrementen hasta en 300 por ciento los procesos de cobranza.
“Por lo general, son empresas que tienen relación con el sector salud, y en específico en los estados”, dijo Cuellar.
El directivo explicó que debido a la naturaleza del sector salud, las clínicas y hospitales necesitan recurrentemente materiales para la gran cantidad de personas que atienden, por lo que es común que las instituciones se endeuden con los proveedores, a pesar de que ya tienen un presupuesto asignado para eso.
Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo a El Financiero que ya empezaron a ver mucha inquietud por parte de los constructores que están ejerciendo contratos con el gobierno federal y en los estados donde habrá cambio de gobierno también, por lo que algunos ya se han acercado a las firmas de abogados especializadas en cobranza.
“Lo que hemos tratado nosotros de comentarle a los constructores es que deben estar totalmente en orden en cuanto a su obra, las bitácoras de obra en donde se están manifestando los cambios en los avances, las repercusiones de cambios de proyectos, de costos fuera de catálogo, y todo esto debe estar muy bien asentado en la información que tienen los constructores”, dijo Ramírez.
Los últimos datos de la Secretaría de Hacienda al primer trimestre de 2018 revelan que las 32 entidades adeudan a proveedores y contratistas 74 mil 70 millones de pesos, de los cuales el 37 por ciento corresponde a solo cinco entidades.
Por monto, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México se encuentran entre las más endeudadas con proveedores, con 6 mil 900, 6 mil 500 y 5 mil 500 millones de pesos, respectivamente. Incluso con relación a sus ingresos de libre disposición, Oaxaca y Chiapas son las dos entidades más endeudadas del país, con 37 y 23 por ciento respectivamente.
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