El gobierno de Estados Unidos ha redoblado una controversial política en materia de ciudadanía: le ha comenzado a negar la renovación de pasaportes, y a revocarlos, a ciudadanos estadounidenses hispanos nacidos en el sur de Texas, en la región fronteriza del Valle del Río Grande, alegando que sus certificados de nacimiento serían inválidos y que las personas en cuestión en realidad nacieron en México.
Incluso ha dictado en algunos casos que la ciudadanía estadounidense de los señalados es inválida y los ha sometido a detención migratoria y proceso de deportación.
Un ejemplo de ello, según relató The Washington Post, es el de Juan (no se indicó su apellido), que nació en Brownsville, Texas, hace 40 años, sirvió como soldado en el ejército, como cadete de la Patrulla Fronteriza y es hoy guardia en una prisión estatal. Cuando acudió hace poco a renovar su pasaporte, se enteró de que el gobierno dudada de que realmente hubiese nacido en Estados Unidos y le negó el pasaporte.
Casos de negación o revocación del pasaporte estadounidense a hispanos nacidos en el Sur de Texas se han incrementado con la administración de Trump.
El argumento es que entre la década de 1950 y 1990 se dieron casos en que médicos o parteras en esa región texana habrían asentado en certificados de nacimiento que un bebé al que ayudaron a traer al mundo nació en EEUU cuando en realidad eso habría sucedido en México.
Y, ciertamente, se dieron casos de esa naturaleza y personas nacidas en México recibieron impropiamente en esa región texana un certificado de nacimiento y, por ende, obtuvieron la nacionalidad estadounidense.
Pero lo punzante del caso no es que se identifiquen y reviertan situaciones verdaderamente irregulares, lo que resultaría procedente y es una política que no es nueva, pues desde la década de 1990 y tan recientemente como la administración de Barack Obama ha cuestionado ciertas ciudadanías basadas en esos certificados avalados por declaraciones de ciertas parteras y médicos del sur de Texas y exigido pruebas adicionales para validar la nacionalidad estadounidense.
El punto álgido, antes y ahora, aunque actualmente al parecer la administración de Trump ha decidido aplicar esas impugnaciones y revocaciones con mayor intensidad y extensión, es que no hay una forma clara e inequívoca de que un certificado de nacimiento estadounidense basado en la declaración de cierto médico o partera en el sur de Texas es inválido.
Años atrás se identificaron allí a médicos y parteras que habrían afirmado que un bebé nació en EEUU sin que eso fuese cierto, pero también emitieron declaraciones de nacimiento válidas a muchos bebés más. Según la agencia AP, por ejemplo, en 1996 una partera en el Valle del Río Grande aceptó haber participado en la adulteración de certificados de nacimiento que luego fueron vendidos a padres de niños que nacieron en México. Cientos de casos habrían sido investigados entonces. Pero otros miles, emitidos por esas y oteas parteras, son legítimos.
Entonces, cuestionar a todos aquellas personas cuyos certificados de nacimiento están relacionados con esos médicos o parteras es una generalización ominosa que puede producir muchas injusticias (en realidad, se afirma que la gran mayoría de los certificados vinculados son válidos y al parecer no habría manera efectiva, por el solo examen de un documento, de dilucidar si la declaración del médico o la partera fue cierta o falsa pues en ambos casos se trata de documento oficiales emitidos por el estado Texas).
Y qué decir cuando las objeciones proceden del mero hecho de que una partera en el Sur de Texas haya estado vinculada a un nacimiento.
El Valle del Río Grande es una de las regiones más pobres de Texas y para muchas mujeres que dan a luz las parteras en el hogar son una opción con arraigo cultural y mucho más económica que la atención por un médico en un hospital. Y en realidad, la suspicacia y el prejuicio hacia las parteras es considerable y en varios otros estados la práctica de las parteras es cuestionada o restringida.
En todo caso, en 2009, como indica el Post, un acuerdo entre el gobierno federal y la Unión Americana de Derechos Civiles frenó esa política de cuestionar ciudadanías, al establecer que no se le debe negar a ningún estadounidense el pasaporte meramente por razones de raza o por haber nacido en su hogar con apoyo de una partera, y desde entonces las objeciones o revocaciones declinaron considerablemente.
Pero ahora, el gobierno de Trump, con su “tolerancia cero”, ha retomado el asunto y los casos en los que a un hispano nacido en el Valle del Río Grande con la asistencia de parteras se le niega o revoca el pasaporte e incluso se impugna su ciudadanía estadounidense se han incrementado recientemente. El malestar por el signo racial y xenófobo del asunto es significativo.
Por añadidura, si bien hay casos de certificados de nacimiento emitidos con declaraciones fraudulentas, en todo caso presuponer la falsedad a priori (cuando en principio las personas son inocentes hasta que no se le prueba le contrario) y poner en crisis a personas que, sea como sea, no serían directamente responsables del contenido de su certificado, pues ellos eran recién nacidos al momento de su emisión, implica una estigmatización y persecución muy problemáticas.
Y muchos de quienes nacieron en décadas pasadas tienen dificultad para obtener los documentos adicionales que muchas veces se les piden para validar que nacieron en Estados Unidos, tanto por los muchos años que han pasado como porque ellos son estadounidenses, han vivido y servido a su país toda su vida y con frecuencia hallan esas exigencias especialmente ofensivas.
Muchos estadounidenses legítimos habrían sido afectados, de acuerdo al citado periódico. Y, hay quien se pregunta si a las personas que siendo bebés fueron registradas como estadounidenses sin serlo pero que han hecho toda su vida en Estados Unidos y contribuido al país –de forma similar a los dreamers protegidos por el programa DACA– no debería ofrecérseles una vía de regularizar su situación sin someterlos a un proceso punitivo dado de que no fueron ellos mismos quienes, décadas atrás, cometieron la citada falta.
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