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miércoles, 28 de febrero de 2018

Opacos, fondos para reconstrucción: CIDE

Once de los 14 edificios del Tec de Monterrey, fueron demolidos ayer como parte de la remodelación del campus CDMX luego de los terremotos del pasado 19 de septiembre.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó el estudio Reconstrucción 19-S, que analizó los fondos federales, estatales y privados destinados a la reedificación tras los terremotos de septiembre pasado. La conclusión: existe opacidad, falta de rendición de cuentas y no se sabe cuánto dinero se tiene para tal fin.
“Es imposible saber cuánto dinero se está destinando a las labores de reconstrucción. No hay una cifra, hay una imposibilidad de saber la cifra. Eso es particularmente grave… hay una gravísima opacidad en todos los fondos, y esa opacidad no es exclusiva del gobierno federal, también lo es de los estatales y también de los fondos privados”, detalló el profesor e investigador del CIDE, Mauricio Merino.
La investigación señaló que actualmente se tienen cinco fondos públicos federales en operación, todos con al menos un administrador y con criterios básicos para identificar y seleccionar a los posibles beneficiarios, así como planteamientos específicos para su distribución, lo que no permite que exista un ente coordinador y de esta manera no se dupliquen beneficios o se focalicen zonas de atención prioritaria.
“El hecho de que haya fondos públicos y privados operando de manera paralela genera una señal de alerta, pues sin una adecuada coordinación de esfuerzos se corre el riesgo de duplicidad, opacidad en el ejercicio de los recursos y poca efectividad y eficiencia en la resolución de los problemas ocasionados por el desastre natural”, detalló la investigadora Liliana Veloz.
Además de los fondos federales, cada entidad cuenta con su propia operación, con lo que se repite el esquema anterior, no hay un liderazgo para administrar el dinero.
En los fondos privados y de organizaciones donantes existen fuentes opacas, ya que, de acuerdo con el estudio, de diez bancos que declararon destinar recursos, sólo cinco aclararon cuánto se destinó y en qué se gastaron las donaciones.
Como ejemplo de la opacidad, Veloz detalló el SAT, en el primer reporte de transparencia de donatarias para los sismos de septiembre de 2017, registró 177 millones de pesos que fueron destinados a entidades federativas, lo cual no coincide con la información de la “Base de datos detalle de Informe Donatarias”, en el cual se puede obtener sólo 59 millones de pesos.
“Este estudio no dice que el dinero esté siendo desviado a las campañas políticas, no dice eso. Lo que sí dice es que no podemos asegurar que no esté siendo desviado para las campañas políticas. Es decir, no tenemos evidencia para negar ese desvío, no tenemos evidencia para afirmarlo”, agregó Merino.

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