El PRI modificó sus documentos básicos y estableció el piso parejo para los aspirantes a cargos de elección popular, es decir, ahora tanto priistas como simpatizantes no afiliados podrán contender a convertirse en candidatos por el tricolor, de cara a la elección de 2018.
Con esto, cualquier ciudadano puede convertirse en candidato en cualquiera de los niveles, incluso a la presidencia. Los candados establecían que para ser candidato se requería: Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos, ser militante del partido, no haber sido dirigente, candidato ni militante destacado de partido o asociación política, antagónicos al PRI, mostrar una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito intencional del orden común o federal y tener al menos 10 años de militancia.
El resto de los requisitos, siguen vigentes, pero ya no será necesario estar afiliado para poder postularse a la candidatura.
Durante la Asamblea Nacional, se aprobó también la eliminación del requisito de 10 años de militancia para quienes sí están afiliados al partido. Esa resolución abre la puerta para un mayor número de candidatos jóvenes.
El tricolor aprobó otorgar 30 por ciento de candidaturas a jóvenes, así como 10 por ciento para indígenas, mientras que está asegurada la paridad de género en la postulación de candidatos.
Otra de las propuestas aprobadas fue la de prohibir los “chapulines pluris” al interior del partido. “Quienes sean senadores de la República, diputados federales y locales por el principio de representación proporcional, no podrán ser postulados en la elección consecutiva para el mismo cargo y por la misma vía”, indicó la senadora Graciela Ortiz.
También se concedieron nuevas atribuciones a la dirigencia nacional para definir los temas de coalición y se creó una Secretaría Anticorrupción en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Los dictámenes aprobados fueron los establecidos en las 5 mesas temáticas realizadas previo a la Asamblea -estatutos, declaración de principios, visión de futuro, ética y rendición de cuentas, y programa de acción- que buscaban establecer las bases de un plan anticorrupción.
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