Por Gerardo Herrera Huízar
Durante años, el INEGI ha gozado más o menos de prestigio y, aunque no sin sospechas, la información producida por ese organismo se tiene como referente confiable para el análisis y la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado.
Como se sabe, por mandato constitucional el INEGI es un organismo autónomo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos son considerados oficiales y tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.
Sin embargo, las contradicciones expuestas por la Coneval, organismo encargado de la medición de la pobreza en México, sobre el manejo estadístico del INEGI, le ubicarían como parte orgánica de un juego de simulación y maquillaje de la realidad nacional, al pretender, con cifras alegres, resultado de un inocente cambio metodológico, convencer a la sociedad de la reducción de la pobreza y del optimista aumento del ingreso promedio de las familias mexicanas en tan sólo un año, cosa que motiva la suspicacia al sugerir un dudoso éxito de la política social, contrario a la percepción ciudadana.
El asunto no es menor, ni aislado del contexto de irritación que la población expresa de distintas maneras.
Una política de desarrollo, para ser eficaz, debe tener como sustento mínimo información real, objetiva y honesta, por dura que parezca, para tomar acciones que se traduzcan realmente en bienestar, paz, justicia, expectativas de progreso y, sobre todo, certidumbre, más allá de frívolas consideraciones de mera imagen política o lucro electoral.
Basar las trascendentes decisiones sobre el futuro nacional, a sabiendas, en ficciones, constituye un abominable engaño que pone de mal humor al más optimista ¿Qué hará el INEGI? ¿Nos pedirá perdón?
El autor es catedrático de la Universidad Anáhuac México Norte.
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