Enrique Quintana
Cualesquiera que sean los resultados de las elecciones del próximo domingo, marcarán una nueva etapa en la vida nacional.
Y, uno de los cambios que seguramente veremos es un relanzamiento del gobierno federal, para la última etapa del sexenio.
De hecho, ese relanzamiento ya comenzó con las iniciativas de reforma en materia de ‘bodas gay’ o de la flexibilización respecto al consumo y uso medicinal de la mariguana.
Para junio espere, con todo y los matices que traiga, el aterrizaje del Sistema Nacional Anticorrupción, y súmele a ello el tema en el que hoy quiero abundar: el incremento de los salarios mínimos.
Ha trascendido que esa decisión se iba a anunciar el pasado 1 de mayo. Sin embargo, se consideró más adecuado dejar pasar el periodo electoral.
La propuesta ha sido impulsada tenazmente por Miguel Ángel Mancera y Salomón Chertorivski, y pareciera que finalmente la ha asumido el gobierno federal, que ha buscado el respaldo de los empresarios y líderes sindicales.
¿Cuál es el contexto en el que habrá de darse?
1.- El reconocimiento de que el salario mínimo durante un lapso largo no siguió las tendencias del mercado, sino que fue usado como un instrumento de política pública para abatir la inflación.
Entre diciembre de 1985 y el mismo mes del año 2000, el salario mínimo real cayó en 49.5 por ciento en términos reales. En contraste, del 2000 al 2015 hubo un aumento real de 8.3 por ciento. Aunque el salario real promedio cayó en México también entre 1985 y 2000 lo hizo a una tasa mucho menor que el mínimo y posteriormente, los salarios medios crecieron más que el mínimo, al subir casi 11 por ciento en términos reales hasta 2015. Es decir, el salario mínimo bajó por decreto más de lo que las condiciones de la oferta y demanda laboral apuntaban.
2.- La eliminación de la reglamentación que usó al salario mínimo como unidad de medida, lo que se consiguió con la creación de laUnidad de Medida y Actualización que arrancó con un valor de 73.04 pesos diarios.
Esto evitará que un alza al mínimo se traduzca en incrementos desde las prerrogativas a los partidos políticos hasta el costo de algunos créditos hipotecarios o las multas de tránsito.
3.- La eliminación del “efecto faro”. El acuerdo que se ha establecido hasta ahora implica un aumento que será manejado en términos absolutos y no en términos porcentuales, con objeto de que otras negociaciones salariales no tomen una referencia que vaya a generar incrementos generalizados.
4.- El escaso porcentaje de los trabajadores ocupados de la economía formal que perciben un salario mínimo. De acuerdo a las estadísticas oficiales del IMSS, sólo nueve mil 729 trabajadores cotizan con un mínimo y en contraste 6.6 millones lo hacen con un rango que va de más de uno a dos. Obviamente hay muchos más que perciben ingresos de un salario mínimo o menos: 7.8 millones según la ENOE del Inegi, pero incluye no asalariados y asalariados del sector informal.
El incremento del mínimo se va a dar en un contexto de medidas para combatir la pobreza y promover la formalización. Y con ello se pretende dar una nueva dimensión a la política salarial de esta administración hacia el último tercio del sexenio. Veremos.
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