El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.
Más de 20 mil mujeres congregadas en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México el 6 de abril de 1952, demandaban el compromiso al candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines para que cumpliera con su promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas.
Ruiz Cortines repitió su compromiso y la algarabía femenina se apoderó del lugar, y un año después de ese histórico mitin, el 17 de octubre de 1953, Ruiz Cortines --ya como presidente-- cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal.
La lucha femenina por ejercer sus derechos de votación y decisión en México da sus primeras manifestaciones importantes durante los años 1884 y 1887, cuando por primera vez una publicación, la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.
Hacia 1910, diversas asociaciones se unen a Madero, entre ellas el club femenil antireeleccionista: “Las Hijas de Cuauhtémoc”. Poco tiempo después, las integrantes del club protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación política de las mujeres mexicanas.
Posteriormente, en 1916, se realizó el primer Congreso Feminista, específicamente el 13 de enero. Este fue impulsado por el general Salvador Alvarado como Gobernador de Yucatán y varias organizadoras. Uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este Primer Congreso feminista fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres. La promulgación de la Constitución Política de 1917, donde no se negaba la ciudadanía a las mujeres, ni mucho menos su oportunidad de votar, tampoco se otorgó expresamente ese derecho.
En abril del mismo año, se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar.
Del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales demandas en lo político fueron la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos y el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.
Como consecuencia del Congreso Nacional Feminista, el 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres potosinas el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales.
En Yucatán, Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempeñar su cargo por dos años renunció, debido a las amenazas de muerte que había recibido. Más tarde cambió su residencia a San Luis Potosí, y fue electa al obtener la mayoría de votos, pero el Colegio Electoral no reconoció su triunfo.
Hacia 1935, por primera vez, las mujeres participaron en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado seis años antes y entre 1935 y 1936, mujeres del partido oficial conforman el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDN), junto con militantes o cercanas al Partido Comunista. Ellas encaminaron sus demandas de clase y reivindicaciones de género.
Posteriormente, el frente profundizó en ciertas áreas del trabajo popular como la creación del Departamento Autónomo de la Mujer en la Confederación Campesina Mexicana (CCM); luchó por el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y la sindicalización de las obreras y empleadas gubernamentales, así como por la instalación de salas de asistencia infantil anexas a los mercados.
La lucha que implicaba profundizar y afinar las alianzas con sectores y grupos dominantes en el ámbito nacional repercutió en detrimento de la organización amplia del movimiento de mujeres, sin embargo lo anterior se compensó con la actividad febril que desencadenó la demanda del voto.
En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el Artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En 1938 la Reforma se aprobó y ese mismo año lo fue en la mayoría de los Estados.
El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el Artículo 115 Constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año. Ahí, se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas.
Siendo candidato a la presidencia de la República, en 1952, Adolfo Ruiz Cortines prometió, ante 20 mil mujeres asistentes a un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres.
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.
En 1953 se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando derechos ciudadanos, sólo que ese avance no se materializó sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer.
En las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura. Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó mucho más en gestarse, sobre todo porque la tradición imperaba sobre la razón.
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