IGUALA.- A un año de la muerte y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el municipio de Iguala se encuentra devastado política, económica y socialmente.
En un recorrido realizado por EL FINANCIERO se pudo constatar la fuerte presencia de autoridades federales y comercios que han ido cerrando poco a poco. Alrededor de un 20 por ciento bajó las cortinas por poca actividad económica, a la par que la vida nocturna cayó y el turismo se perdió.
Iguala se convirtió en un municipio blindado después del ataque que, de acuerdo con la versión oficial, policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos perpetraron contra estudiantes de la Normal. La noche del 26 y 27 de septiembre del 2014,murieron 6 personas, 25 más resultaron heridas y 43 normalistas continúan oficialmente desaparecidos.
En este año han sido detenidas 116 personas, de las cuales, 73 están acusadas del plagio de los estudiantes, entre ellos el expresidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez, quien fue detenido junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en noviembre del 2014 por la PGR. Fue hasta junio del presente año cuando lo procesaron por el secuestro de los normalistas.
Al menos unos 40 detenidos corresponden a los Guerreros Unidos, entre ellos Gildardo López Astudillo, "El Gil", presunto líder del grupo, aprehendido por fuerzas federales el miércoles 16 de septiembre.
De acuerdo al expediente 172/2014-1, el exalcalde Abarca y los más de 95 policías municipales de Iguala y Cocula, incluyendo los directores de ambas corporaciones, así como unos 40 civiles, están acusados de homicidio calificado en agravio de los tres estudiantes normalistas, Julio Cesar Ramírez Nava, Daniel Sánchez Gallardo, y Julio César Mondragón.
Además murieron otras tres personas, entre ellas el futbolista de 15 años, David Josué García Evangelista, del equipo de tercera división los Avispones, así como Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que llevaba al equipo a Chilpancingo. También Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que circulaba por el lugar.
Pese al número de detenidos, aún quedan personas prófugas en relación con el caso, como Felipe Flores, entonces jefe de la policía de Iguala, y Alejandro Tenescalco, quien era supervisor de la policía municipal, según detalla el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 6 de septiembre, el informe del GIEI puso en duda que los 43 jóvenes fueran asesinados y quemados en un basurero de Cocula, como sostiene la PGR desde noviembre de 2014.
LA VIOLENCIA NO CESA
La policía federal se hizo cargo de la seguridad de Iguala y Cocula desde el mes de octubre del 2014, sin embargo, no ha cesado la violencia pues se han registrado más de 100 ejecuciones desde su llegada.
La otra constante que prevalece en el municipio es la desaparición de personas -al menos otras 350- y el hallazgo de fosas clandestinas, donde peritos de la PGR junto con Familiares de Victimas de Desaparición Forzada, Los Otros Desaparecidos, han recuperado 104 cuerpos en 200 fosas exploradas.
OPERACIÓN HORMIGA
Ante el temor de actos de “vandalismo” en la sede alterna del Ayuntamiento durante las manifestaciones previstas por el aniversario del incidente, el viernes, trabajadores del ayuntamiento iniciaron una "operación hormiga" para sacar equipos de cómputo, copiadoras, muebles y documentos de las diferentes oficinas.
Luego de la convocatoria de padres de familia, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acompañados por organizaciones sociales, conmemorarán, mañana domingo, el primer aniversario del ataque contra normalistas.
Las fotocopiadoras fueron retiradas de Oficialía Mayor y guardadas en bodegas del DIF, mientras que el resto del mobiliario y documentos fueron trasladados a casas particulares de algunos funcionarios donde se mantendrán en resguardo
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