Traban importación de ropa y calzado

Ciertos mecanismos diseñados para proteger que textiles, prendas de vestir y calzado entren a México ilegalmente complican aún la importación legal y estructurada de estos productos, denuncian importadores.
Por ejemplo, cuando un producto está por debajo del precio de referencia que el Gobierno estima como el costo adecuado, el importador debe de dejar en garantía un monto idéntico al valor de la mercancía, por un periodo de seis meses.
En este tiempo, Hacienda decide si la importación procede y si es adecuada se regresa el dinero o si el precio viola los costos de producción y, en consecuencia, se aplica una especie de cobro de restitución.
Independientemente de lo que decida la autoridad, para un importador tener parado por seis meses una cantidad de dinero, que se deposita en efectivo, afecta considerablemente su flujo de efectivo.
Adicionalmente, está el padrón de importadores, que evita que cualquier comprador pueda hacer una transacción si no está registrado, aunque esto afecta la capacidad de hacer transacciones de cualquier importador que así desee hacerlo.
"Todas estas medidas lo que hacen es incrementar los costos de las transacciones comerciales y hacen más lento el proceso", explicó Fernando Ramos, agente aduanal y especialista en comercio exterior.
Las auditorías para determinar si los precios de importación son más comunes en calzado, pero se están presentando en todos los sectores para los cuales se aplicaron las medidas de protección.
"Es la regla del libre mercado, bajo negociación se puede conseguir que los precios se bajen y eso se paga y eso se declara, el principio general de la valoración en aduanas es que se tiene que valorar de acuerdo al valor de transacción y cuando Hacienda establece un valor estimado crea un valor ficticio
"La Organización Mundial de Comercio dice que se debe privilegiar el libre comercio, se supone que estos temas se superaron hace 30 años, cuando todavía existían los precios oficiales", indicó Ramos.
En México, medidas similares ya se habían implementado; sin embargo, éstas desaparecieron en 2008, a raíz que se comprobó que no eran del todo eficientes.
"Siete años después se vuelven a implementar cuando lo que tendría que haberse hecho son auditorías efectivas a las empresas por parte del SAT para comprobar cumplimiento", puntualizó.