Estoy convencido de que hay un hilo que une la masacre del Río Tula con la noche de Iguala, ambas atrocidades cometidas por policías mexicanos.
El Presidente ha propuesto un cambio radical en la distribución de tareas y facultades de las policías.
Apunto dos primeras reacciones que importan. Un amplísimo grupo de OSC, encabezado por los cinco ciudadanos del Consejo de Seguridad Pública, advirtieron, entre otras cosas, que “dada la magnitud de los cambios propuestos, es indispensable someter la iniciativa a consulta, evaluación y deliberación” y recuerdan, entre otras cosas, que: “La iniciativa no ha sido discutida en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), tampoco ha sido debatida en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública ni en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y que sigue pendiente la implementación del sistema de desarrollo policial, mandatado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Ayer, Insyde, la OSC con más experiencia en asuntos policiacos dijo: “La iniciativa no reconoce los altos riesgos de la centralización de poderes policiales, que incluyen aspectos tan delicados como el uso de la fuerza y la restricción de libertades, en ambientes institucionales sin controles democráticos efectivos; la propuesta desconoce la urgencia del diseño e implementación de un nuevo modelo policial moderno y democrático, que resuelva a fondo los problemas estructurales que mantienen a las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno en grados tan bajos de efectividad y confianza”, y exhortó a que se convoque a “un debate serio, amplio, incluyente e informado en torno a la iniciativa materia de estos pronunciamientos. Llama Insyde a descartar de inmediato cualquier aprobación acelerada que evada la auténtica y profunda reflexión”.
Treinta años después de Durazo no hemos podido. Vale la pena ahora, pensarlo bien, antes de volver a fallar, no creo que haya otra oportunidad.
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