Son las 13 horas del pasado viernes en el Centro Histórico de la ciudad de México, un estudiante universitario del movimiento #YoSoy132 es detenido abruptamente por varios sujetos que dicen ser del gobierno capitalino.
-“Se pasaron de %•”&=*% el primero de diciembre, pero bien que los tenemos ya identificados. Ya nos tienen hasta la madre de su versión de los infiltrados. Si odian tanto a Peña Nieto, les organizamos un encuentro con él para que le mienten la madre en su cara y ya terminen de hacer sus desmadritos”-. No se identifican ni muestran orden de aprehensión. Se inicia el interrogatorio.
-¿Quién son tus líderes? ¿Cuánto te pagan por marcha? ¿Quién planeó los disturbios de Av. Juárez?- Le muestran dos videos. -¿Quienes son los cabrones que están armando el desmadre? ¿Dinos sus nombres?
Más tarde lo sueltan, no sin antes advertirle. –Dejen de pedir castigo para los policías que incurrieron en abusos de autoridad, pues de lo contrario no se la van acabar; los tenemos bien vigiladitos.
Dos jóvenes más del movimiento #YoSoy132 vivieron la acción intimidatoria antes narrada, la cual fue calificada por la Coordinadora 1 de Diciembre como el inicio de una “cacería de brujas” de activistas de los movimientos sociales, luego de anunciar una marcha el próximo jueves a las 16 horas, del Monumento a la Revolución a la sede del GDF, pasando por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Obviamente la policía capitalina negó tales hechos, mientras el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló que no habrá "chivos expiatorios" en la búsqueda de los responsables de los hechos violentos ocurridos el 1 de diciembre pasado. “La investigación sigue en curso y tiene como finalidad evitar salidas fáciles”, subrayó.
Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha documentado al menos cuatro casos de tortura y 32 detenciones arbitrarias de personas que se manifestaban de forma pacífica o que, incluso, no participaba en las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) tiene abierta una investigación interna sobre la actuación de los elementos de la corporación que participaron en el operativo del pasado primero de diciembre en el que detuvieron a más de 100 personas acusadas de participar en los desmanes ocurridos en avenida Juárez.
Sólo que Darío Chacón, responsable del mando único operativo, así como Nora Frías, encargada de vigilar que los efectivos policiacos respeten los derechos humanos de los detenidos, ya no laboran en la policía capitalina.
Por su parte, el Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, se negó a detallar quiénes y de dónde procedían las personas que, afirmó, se han identificado como participantes en los disturbios, aunque dijo: “muy pronto les vamos a poner nombre y apellido”.
Luego la depuración de su padrón de militantes y adherentes, el Partido Acción Nacional a nivel estatal se quedó con un poco más de la mitad de sus militantes y solo entre un 10 y 20 por ciento de simpatizantes. De 24 mil 309 miembros activos se quedaron sólo 14 mil 85; 10 mil abandonaron las filas blanquiazules mexiquenses.
Pero la caída estrepitosa en Edomex, al igual que en Jalisco y Veracruz, fue en las filas de simpatizantes, donde el PAN contaba con más de 100 mil adherentes.
El éxodo panista en el resto de los estados también fue numeroso, a excepción de Sonora y Baja California, entidades donde la militancia panista fue fiel.
En Tabasco la lista de adherentes pasó de 33 mil 783 a sólo 960; en Colima cayó de 14 mil 931 ciudadanos a 451; en Morelos pasó de 29 mil 143 a mil 517, y en Jalisco, de 125 mil 962 descendió a nueve mil 527.
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