Ecatepec, Méx.-“El Grupo Parlamentario del PRD, no se opone a dotar de herramientas al Estado en materia de Procuración de Justicia, pero antes de aprobar iniciativas el Congreso está obligado a estudiarlas a fondo para que no se violen las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ciudadanos”, afirmó el diputado Octavio Martínez Vargas, Presidente de la LVIII Legislatura del Estado de México.
Al mismo tiempo que se desarrollaba una intensa Jornada Médico Asistencial Gratuita en la colonia Héroes de la Independencia en el municipio de Ecatepec, en la que se atendió a más de 500 personas, gracias a la aportación del legislador Martínez Vargas que designa el 50 % de su salario mensual para sufragar estos onerosos gastos, el Congresista local ofreció una conferencia de prensa en la que hizo estas declaraciones.
El legislador dijo que la iniciativa que mando el Ejecutivo estatal al Congreso Local, busca dotar de nuevas facultades a la Procuraduría del Estado de México para que pueda efectuar mejor sus investigaciones, para dar con bandas delictivas, para esclarecer delitos graves y combatir con mayor precisión a la delincuencia en donde se utilizan armas de fuego y se asocian más de una persona con fines ilícitos.
Abundó el Vicecoordinador del PRD, que ésta serie de reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, sobre la instrumentación de técnicas especiales de investigación para delitos de alto impacto, entre las que se encuentran operaciones encubiertas, agentes infiltrados, entrega vigiladas y testigos protegidos, no deben convertirse en herramientas para violar las garantías individuales establecidas en la Constitución ni sus derechos humanos.
Detalló, que el tema de testigos protegidos, merece una mayor atención porque en el país esta figura ha sido un “fracaso”, como se demostró con los 18 alcaldes de Michoacán y el de Benito Juárez, Quintana Roo, que fueron llevados a una cárcel de máxima seguridad por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y después, fueron liberados por falta de pruebas, solo porque un testigo protegido los señaló pero no aportó pruebas de su culpabilidad.
“Sería terrible que se violentara su derecho a la privacidad de los ciudadanos mexiquenses, al ser intervenidos en su telefonía personal, en las redes sociales, en sus correos electrónicos, vía satelital, filmación de su vida privada, solo porque a juicio de un testigo protegido fue señalado”, puntualizó Martínez Vargas.
Destacó, que se debe tener cuidado, porque puede haber riesgo en la instrumentación de estas herramientas, por lo que es necesario que se haga un amplio debate, que se consulte, que se realicen foros con especialistas en esta materia, que se contraste con legislaciones en el tema penal de otros países, se vean resultados y errores de la procuración de justicia federal:
“Los diputados tenemos gran responsabilidad, para no hacer una regresión en el sistema penal y perder derechos adquiridos, como lo son el respeto a la propiedad privada, a los documentos y a las personas, que están consagrados en la Constitución”, aseveró contundente.
También reiteró que para aplicar estas técnicas de investigación el personal de la Procuraduría debe tener la capacitación y formación, así como aprobar los exámenes de control de confianza, desde el Procurador hasta el último trabajador de esa dependencia, estudios, subrayó, que deben aplicarse por lo menos cada seis meses, para evitar que alguno pueda estar coludido con la delincuencia organizada.
Por otra parte, Martínez Vargas dijo que seguirá muy atento para exigir a la Procuraduría de la entidad el esclarecimiento del asesinato de su asesor, Daniel Cruz, que fue ejecutado en días pasados cerca de su domicilio en Ecatepec.
Al finalizar recordó a las autoridades municipales que están a unos días de entregar la administración municipal que se abstengan de darse bonos así como a sus colaboradores, y más cuando son municipios endeudados, que mejor paguen a sus trabajadores y se evite correr personal sin justificación, porque solo heredarán problemas de laudos a los municipios entrantes, que en ocasiones las sumas se elevan demasiado que los municipios deben pagar dejando de aplicar esos recursos en obras para beneficio de sus localidades.
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