Los compromisos incluyen abstenerse de inducir el voto a favor o en contra de algún precandidato, candidato, partido político o coalición, utilizando programas de carácter social implementados en la entidad
La secretarías de Desarrollo Social federal y estatal firmaron el Pacto para la certeza y legalidad institucional de los programas sociales del orden federal y estatal.
El pacto incluye siete compromisos, ante el interés de las partes para sumar esfuerzos a fin de garantizar el respeto al voto ciudadano, con reglas de constitucionalidad y legalidad, bajo los principios rectores del debido proceso electoral.
Los compromisos incluyen abstenerse de inducir el voto a favor o en contra de algún precandidato, candidato, partido político o coalición, utilizando programas de carácter social implementados en la entidad.
Asimismo, considera la vigilancia de la ejecución de los programas sociales en apego estricto a lo establecido en las constituciones y códigos electorales federales y estatales, la difusión entre los ciudadanos y beneficiarios del carácter público de los programas sociales federales y estatales, y que éstos no están promovidos por coaliciones, partidos políticos, candidatos o precandidatos.
El documento, además, incluye el compromiso de las partes de denunciar ante las fiscalías especializadas o ante la autoridad competente cualquier acto de precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones, dependencia o servidor público, que utilice los programas sociales con fines electorales o partidistas.
Al tiempo que considera acciones de capacitación al personal de ambas partes en las materias electoral, de responsabilidades administrativas y delitos electorales.
Así, como contribuir a que los procesos electorales federal y local de 2012 se desarrollen bajo un clima de civilidad social, gobernabilidad democrática, transparencia y certeza institucional, electoral y jurídica.
El pacto cubre el periodo del 16 de abril hasta día de los comicios o el plazo necesario que salvaguarde la toma de protesta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de los Senadores, de los Diputados Federales y Locales, así como de los miembros de los Ayuntamientos.
El documento fue firmado por la secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Elizabeth Vilchis Pérez, y la subdelegada de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, Nina Hermosillo Miranda, en suplencia por ausencia del titular de la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México.
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