A nivel gabinete existe como principal línea
de pensamiento que la cooperación en materia de seguridad con EU pasa en buena
medida por acelerar los procesos de extradición.
Raymundo
Riva Palacio
El nombre de Joaquín el Chapo Guzmán
no deja de estar en la conversación pública y privada del presidente Andrés
Manuel López Obrador. Tampoco su deseo de repatriarlo y que, quien fuera el
líder más conspicuo del Cártel del Pacífico, termine de cumplir su condena
en México.
El martes se volvió a referir el Presidente al
tema como respuesta a la fotografía que publicó Joaquín López-Dóriga en su
programa Joaquín, Marín, de Do Pingüe, cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán,
durante una gira a Badiraguato el 29 de marzo de 2020. López Obrador recordó
ese momento y dijo que habló con ella porque quería entregarle una carta. En realidad,
era una segunda carta, donde le pedía que abogara por su hijo, que fue
condenado por una corte federal en Brooklyn a cadena perpetua más 30 años de
prisión.
Aquel encuentro ha sido justificado por López
Obrador como un momento en que por respeto a su edad se detuvo a saludarla, y
dice que se ha hecho mucho escándalo por ese encuentro que, sugiere, fue
fortuito. El Presidente se cruzó con ella en la comunidad de Las Tunas, donde
vive, a donde se llega por un camino vecinal que conecta con la carretera 225.
No está de camino a Badiraguato, donde estuvo de gira, a donde se llega por la
carretera federal 15. Pero ése es sólo un detalle, del cual no se dijo jamás
por qué tomó una ruta de regreso a Culiacán tan larga.
La segunda carta que le entregó en mano y
difundió la Presidencia se refería a una anterior, que no se sabe cómo llegó a
manos de López Obrador, a quien se dirigió como “estimado hermano de Cristo”,
donde le pedía que le siguiera dando apoyo. La carta está llena de
revelaciones. La más importante, que, como resultado de la primera misiva, el
Presidente había designado a tres secretarios de Estado y al fiscal general
para que atendieran la petición de la señora María Consuelo Loera Pérez.
La entonces secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero; el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el fiscal Alejandro
Gertz Manero, reveló la mamá del Chapo Guzmán, atendieron a sus
abogados José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo, quienes “aportaron todas
las pruebas, donde queda claro que (su) hijo fue entregado ilegalmente al
gobierno de Estados Unidos… Nada me haría más feliz a mí y a mi familia verlo
donde debe estar, en una cárcel en México”.
No se sabe si la instrucción tuvo seguimiento
y hubo alguna gestión ante el gobierno de Estados Unidos, pero públicamente no
pasó nada. Tampoco se supo nada por parte de Guzmán Loera hasta el 17 de enero
pasado, que, en una entrevista en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, otro
abogado que habló en nombre del Chapo, José Refugio González, reveló que
se había enviado una nueva carta al Presidente para pedir su intervención a fin
de que Estados Unidos extraditara al narcotraficante, por las “condiciones
degradantes, infames e inhumanas” que estaba viviendo en la prisión Supermax en
Colorado, donde se encuentra.
Esta tercera carta no fue dada directamente a
López Obrador, sino que se envió por correo electrónico a la embajada de México
en Washington, desde donde se reenvió a la Cancillería. El mismo día en que se
supo de la nueva comunicación, el Presidente dijo que la Secretaría de
Relaciones Exteriores ya estaba atendiendo la petición del Chapo, y que se
podían “buscar vías e instancias internacionales” ante la supuesta violación,
dijo, de los derechos humanos del criminal. “No se puede decir no”, agregó, “se
tiene que argumentar”. Ebrard, sin embargo, reconoció poco después que la petición
no era muy viable, pero que revisaría la petición junto con la Fiscalía
General.
Una vez más, no se sabe nada públicamente de
la evaluación o si hubo alguna gestión ante el gobierno de Estados Unidos, pero
internamente en Palacio Nacional, las evaluaciones y consideraciones
continuaron desde el punto de vista político y mediático. Días después de la
declaración de López Obrador, su vocero y jefe de propaganda, Jesús Ramírez
Cuevas, le informó de una encuesta donde se midió el impacto de las palabras del
Presidente, que en los medios había sido muy criticada.
Para sorpresa en Palacio Nacional, la
respuesta de la gente encuestada fue negativa. La gente respondió adversamente
a la declaración del Presidente, incluso criticando que hubiese abierto la
posibilidad de extraditar al Chapo, a quien consideraban un criminal
sanguinario. López Obrador ya no quiso seguir escuchando los resultados de la
encuesta, y ni siquiera aceptó quedarse con el estudio demoscópico.
Lo que se sabe de todos estos coqueteos
mediáticos y políticos es que el Presidente no ha quitado el dedo del renglón
sobre el futuro del Chapo, pese a que el consenso que pudo haber tenido
dentro del gobierno para atender las peticiones del narcotraficante hace tres
años se han desvanecido. A nivel gabinete existe como principal línea de
pensamiento que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos pasa
en buena medida por acelerar los procesos de extradición.
Esta corriente de opinión ha chocado con el
núcleo más duro en torno al Presidente, que incluso le pedía que resistiera las
presiones del gobierno de Estados Unidos para que no buscaran detener
nuevamente a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. Al no ser posible, la
alternativa política fue bloquear su extradición, al igual que la de Rafael
Caro Quintero, culpable del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.
La posibilidad de repatriación del Chapo Guzmán
es casi nula. Si Washington presiona por más deportaciones, está claro que ni
en su escenario más remoto está el regresarlo a México. Pero el Presidente no
se ha resignado, por lo que se sabe de Palacio Nacional, y sigue queriendo que
regrese.
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