Leonardo Kourchenko
No es la primera vez que México presencia un enfrentamiento entre oficiales de la ley y el orden. En la última década y media, por lo menos, hemos sido testigos de federales desarmando a estatales, de federales deteniendo a municipales y de militares interviniendo en labores de seguridad ciudadana, sin marco jurídico o protección legal.
En los últimos tres sexenios cada presidente, para enfrentar la grave crisis de inseguridad, violencia y delincuencia crecientes en el país, han conformado corporaciones policiacas y agencias de investigación “renovadas”, imbuidas de un nuevo espíritu de cuerpo, de servicio y de compromiso. Y con todas esas corporaciones han venido instalaciones, capacitación, cursos, uniformes, mejores equipos técnicos y tácticos, etcétera.
Es decir, no hemos parado en invertir en 20 años para combatir el crimen.
Según los expertos en seguridad, de aquella vieja premisa de los años 90, de mejorar y capacitar a cuerpos policíacos, hemos mejorado significativamente. De las viejas y temibles Judicial Federal y Judicial de Distrito, cuna de hampones y extorsionadores, hemos pasado gradualmente a organizaciones mejor entrenadas, mejor pagadas y equipadas.
Si se hiciera un solo balance con estos elementos, tal vez podría ser positivo. Pero lo cierto es que las cifras del crimen y la delincuencia común han crecido y descendido sucesivamente en 20 años. Ahí están las cifras del Inegi o de México Libre de Delincuencia y otras organizaciones.
Hoy vivimos un pico elevado en prácticamente todos los delitos.
El nuevo gobierno, el presidente, como sus antecesores –aunque esto le disgusta profundamente– decidió crear la Guardia Nacional (75 mil elementos compuesto por soldados, marinos y policías federales, esencialmente) para una nueva estrategia contra el crimen, que por cierto aún no conocemos.
La construcción de esta nueva Guardia ha provocado el malestar de los policías federales. Por un lado, recortes, ajustes presupuestales, reducción de salarios y prestaciones, que las autoridades niegan, pero si no fuera así, ¿por qué protestan los policías?
El presidente fustiga diariamente con la cantaleta de los privilegios del pasado y el rechazo a la austeridad. Pero es muy simple: si un policía gana 15 mil pesos mensuales y le dan un bono de ocho mil adicionales por riesgo y seguridad, que le quiten esos ocho mil representa el 30 por ciento de sus ingresos.
Sume usted a esto los ofensivos señalamientos del sobrepeso, la podredumbre, la corrupción y la descomposición de la Policía Federal a juicio del presidente.
Lo que vivimos ayer en carreteras (Pachuca) y en avenidas (Constituyentes, Periférico, La Viga), entre bloqueos y enfrentamientos, exhibe la falta de capacidad de la nueva secretaría para convocar, reclutar, conformar a la nueva corporación. Alguien les tiene que explicar el proceso, transmitir el marco mediante el cual dejan de ser policías y pasan a ser integrantes de la Guardia Nacional. No es un tema de uniformes, dice Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, sino de una nueva corporación con una mística y un espíritu distinto.
Estos señores policías federales, muchos de los cuáles son efectivos honestos y comprometidos –no faltará algún elemento corrupto que se ha desviado, como pasa en todas las corporaciones– han enfrentado a criminales en muchos rincones del país. ¿De verdad merecen el maltrato y el agravio? Resulta innecesario.
Pero es parte de este aprendizaje de gobierno, donde se pronuncian los planes y las promesas, y se espera que al aprobar la nueva ley se hagan realidad en automático. No sucede, hace falta mucho trabajo de organización, atención, estudio de perfiles y expedientes, bajas, honores, medallas –a quienes las merezcan. Y luego, el delicado tema de subordinarse a mandos militares y convivir con efectivos formados bajo la disciplina del Ejército y la Marina. A gritos, ayer lo rechazaron en sus protestas.
¿Quién va a atender a estos policías? ¿Quién va a dar la cara para escuchar sus quejas y sus protestas?
Resulta muy fácil descalificar a un grupo que se inconforma, bajo el primario argumento de la defensa del viejo régimen, del rechazo a perder privilegios, de negarse a desterrar la corrupción.
Es falso y equívoco, como la elocuente voz del pescador en Cancún, que le dice al presidente: “El sargazo no es un problema menor, está usted mal informado”, al tiempo que recoge de la playa manojos y kilos de la alga contaminante.
Partir de la premisa de que todo lo pasado estuvo mal, y que toda persona, empresa, consultoría o corporación que ofreció sus productos o servicios a gobiernos anteriores está infectada de antemano con corrupción, es un diagnóstico falso para iniciar una nueva estrategia.
