POR ENRIQUE QUINTANA
Si usted cree que la reforma fiscal instrumentada en 2014 va a ser borrada con la propuesta del Paquete Económico que se envíe al Congreso el 8 de septiembre, está equivocado.
Pero si cree que no habrá ninguna modificación en el esquema fiscal vigente, también está equivocado.
Desde hace bastantes semanas, representantes del sector privado trabajan con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para tratar de llegar a un esquema que permita por una parte generar incentivos reales para la inversión, el empleo y el ahorro de largo plazo, y por otra mantener la disciplina de las finanzas públicas que permita que, como se preveía, el déficit público sin inversión de Pemex y CFE sea de 0.5 por ciento del PIB o de 3.0 por ciento con inversión y proyectos de alto impacto.
Obviamente, si tuviéramos un precio del petróleo de 100 dólares y una economía que creciera a 4.0 por ciento, los márgenes de maniobra para conciliar ambos propósitos serían más amplios.
Lo que ha sucedido es que habrá que buscar este esquema con más detalle y cuidado, tanto en el propio Paquete que se enviará dentro de una semana exactamente, como en el Congreso, que habrá de discutirlo a partir de entonces.
Si usted me preguntara cuál debe ser el objetivo prioritario en este momento, sin ninguna duda le diría que el que nos asegure transitar con el menor costo posible por un entorno internacional lleno de riesgos y volatilidad.
El objetivo de ello será conseguir que se mantenga la capacidad de elevar el crecimiento de la economía y el bienestar de la gente en el mediano y largo plazos.
Creo que, sobre la base de un esfuerzo de eficiencia y una revisión meticulosa de los impactos fiscales, pese al entorno, es factible encontrar algunos elementos para incentivar la inversión y el empleo.
Un ejemplo de las tremendas dificultades del entorno internacional lo ofreció hace unos días Brasil.
Mientras aquí nos sorprendemos por una reducción de la tasa esperada del PIB en este año a un nivel de poco más de 2.0 por ciento, los brasileños acumulan su segundo trimestre consecutivo con una caída del PIB. En el primer trimestre cayó 0.7 por ciento; en el segundo 1.9 por ciento y las estimaciones para el cierre del año ubican la caída en 2.25 por ciento seguida de otro descenso de 0.4 por ciento en 2016.
No refiero las cifras como consuelo sino como una imagen de lo que podría estar sucediendo en el caso de que tuviéramos desequilibrios serios en las finanzas públicas, exportaciones concentradas en materias primas y alta dependencia a la dinámica de la economía china.
Es políticamente incorrecto decirlo y se lleva uno una buena cantidad de mentadas, pero es mejor sacrificar crecimiento en el corto plazo si esto implica mantener orden en medio de los sube y baja de las variables financieras y apuntarle a crear las condiciones que van a permitir crecer más en el mediano plazo.
Pero, con todo y resultados muy medianos en este año, la primera mitad de este sexenio será la de mayor crecimiento de los últimos tres.
Eso nos dice que precisamente hay que trabajar en mejorar nuestro potencial de crecimiento para el largo plazo.
Twitter: @E_Q_
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miércoles, 2 de septiembre de 2015
El Paquete Económico de 2016
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septiembre 02, 2015
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miércoles, 3 de diciembre de 2014
Sicario de "Guerreros Unidos" ordenó asesinar a normalistas: fiscal de Guerrero
Acapulco, Guerrero.- El fiscal general del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo hoy que un funcionario público de Iguala ordenó detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas y que un sujeto del grupo delictivo Guerreros Unidos dispuso el asesinato de los jóvenes.
En una conferencia de prensa en este puerto, Blanco subrayó, sin embargo, que aún no está comprobado que los 28 cadáveres hallados en fosas clandestinas cerca de Iguala sean del grupo de 43 normalistas reportados como desaparecidos desde hace una semana.
Indicó que, según las averiguaciones de la Fiscalía, quedó esclarecido que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detener a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se encontraban en aquella ciudad el pasado 26 se septiembre.
Añadió que, de acuerdo con las mismas indagatorias, se sabe que un individuo conocido como El Chuky, del grupo delictivo Guerreros Unidos, habría ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes.
Un testigo dijo haber visto a 17 jóvenes detenidos en el patio de la comandancia de la policía de Iguala, quienes luego fueron trasladados en patrullas. Cámaras de seguridad confirman este hecho.
Blanco Cabrera resumió que se han detenido 26 probables responsables y se ha consignado a 29 integrantes de Guerreros Unidos. De los detenidos, 22 son policías de Iguala, a quienes ya se les dictó formal prisión por homicido calificado y se encuentran en el penal de Las Cruces. Está confirmado que estos 22 elementos dispararon sus armas contra los estudiantes de Ayotzinapa y los futbolistas, en hechos que dejaron seis personas muertas el pasado 26 de septiembre.
El fiscal expresó que por los ataques de esa noche en Iguala se encuentran detenidas cuatro personas, a las que se liga con Guerreros Unidos. Se trata de Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, quienes ya fueron remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada. Según sus testimonios 17 estudiantes fueron trasladados al paraje de Cerro Viejo, donde se hallaron las fosas clandestinas con 28 cadáveres.
En las fosas localizadas en Pueblo Viejo, municipio de Iguala, se encontraron los cuerpos de 28 personas, algunos completos, otros fragmentados, los cuales fueron calcinados. Los restos fueron colocados sobre ramas y troncos a los que se roció un combustible (diésel, gasolina o petróleo) y se les prendió fuego, dijo.
La identificación de las víctimas tardará entre 15 días y dos meses, señaló, y explicó que peritos deberán determinar la temporalidad de la muerte. El fiscal recalcó que “debemos esperar a las pruebas periciales de genética forense” para saber si se trata de los normalistas desaparecidos. En la identificación de cuerpos participan nueve especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.
Al sitio donde se hallaron las fosas acudió personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para observar el levantamiento de cuerpos.
Indicó que se desconoce el paradero del alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez, así como el secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores, por lo que se solicitó colaboración de fiscalías del país y la Procuraduría General de la República para localizarlos.
Iñaki Blanco subrayó que oficialmente siguen reportadas 43 personas desaparecidas, que son buscadas por un total de mil 800 personas entre fuerzas federales, estatales y voluntarios.
En una conferencia de prensa en este puerto, Blanco subrayó, sin embargo, que aún no está comprobado que los 28 cadáveres hallados en fosas clandestinas cerca de Iguala sean del grupo de 43 normalistas reportados como desaparecidos desde hace una semana.
Indicó que, según las averiguaciones de la Fiscalía, quedó esclarecido que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detener a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se encontraban en aquella ciudad el pasado 26 se septiembre.
Añadió que, de acuerdo con las mismas indagatorias, se sabe que un individuo conocido como El Chuky, del grupo delictivo Guerreros Unidos, habría ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes.
Un testigo dijo haber visto a 17 jóvenes detenidos en el patio de la comandancia de la policía de Iguala, quienes luego fueron trasladados en patrullas. Cámaras de seguridad confirman este hecho.
Blanco Cabrera resumió que se han detenido 26 probables responsables y se ha consignado a 29 integrantes de Guerreros Unidos. De los detenidos, 22 son policías de Iguala, a quienes ya se les dictó formal prisión por homicido calificado y se encuentran en el penal de Las Cruces. Está confirmado que estos 22 elementos dispararon sus armas contra los estudiantes de Ayotzinapa y los futbolistas, en hechos que dejaron seis personas muertas el pasado 26 de septiembre.
El fiscal expresó que por los ataques de esa noche en Iguala se encuentran detenidas cuatro personas, a las que se liga con Guerreros Unidos. Se trata de Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, quienes ya fueron remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada. Según sus testimonios 17 estudiantes fueron trasladados al paraje de Cerro Viejo, donde se hallaron las fosas clandestinas con 28 cadáveres.
En las fosas localizadas en Pueblo Viejo, municipio de Iguala, se encontraron los cuerpos de 28 personas, algunos completos, otros fragmentados, los cuales fueron calcinados. Los restos fueron colocados sobre ramas y troncos a los que se roció un combustible (diésel, gasolina o petróleo) y se les prendió fuego, dijo.
La identificación de las víctimas tardará entre 15 días y dos meses, señaló, y explicó que peritos deberán determinar la temporalidad de la muerte. El fiscal recalcó que “debemos esperar a las pruebas periciales de genética forense” para saber si se trata de los normalistas desaparecidos. En la identificación de cuerpos participan nueve especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.
Al sitio donde se hallaron las fosas acudió personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para observar el levantamiento de cuerpos.
Indicó que se desconoce el paradero del alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez, así como el secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores, por lo que se solicitó colaboración de fiscalías del país y la Procuraduría General de la República para localizarlos.
Iñaki Blanco subrayó que oficialmente siguen reportadas 43 personas desaparecidas, que son buscadas por un total de mil 800 personas entre fuerzas federales, estatales y voluntarios.
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diciembre 03, 2014
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martes, 18 de noviembre de 2014
Un fiscal especial para Iguala
Ahora que Luis Raúl González Pérez ha vuelto a un puesto de notoriedad pública en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dadas las circunstancias actuales del país, vale la pena recordar el trabajo que hizo como subprocurador especial para el caso Colosio a partir de agosto de 1996, después de que tres fiscales habían logrado que reinara la desconfianza y la confusión alrededor del asesinato del ex candidato del PRI en 1994.
Revisar aquellas miles de páginas, videos y fotografías es una buena dosis para recordar lo que es posible en estos tiempos de desesperanza. Luis Raúl y su equipo tomaron cada rumor, cada especulación, cada acusación por disparatada que hubiera sido, cada paso que habían dado los fiscales anteriores en el caso Colosio, lo trataron con mucha seriedad y dieron una respuesta sólida, inatacable.
Creo que hasta hoy la procuraduría de Murillo Karam ha hecho un buen trabajo alrededor del caso Iguala. Ha dado explicaciones públicas que no tuvimos en todo el sexenio pasado frente a sucesos similares; hoy está detenida la mayoría y los principales responsables, cosa que en México no es lo habitual.
El asunto, sin embargo, entraña una fatalidad: si lo que hasta hoy sabemos es cierto, la petición de los padres de los normalistas es imposible de cumplir. Ni con la ayuda de los austriacos ni de nadie más se podrá certificar científicamente que los restos de los 43 terminaron en el basurero de Cocula o en el río San Juan. El trabajo de los asesinos para desaparecer la evidencia fue, según su propia descripción, brutal.
Y por eso es que el completo y minucioso esclarecimiento de las circunstancias alrededor de la tragedia —muchas de ellas de corte político, social, histórico—, que no caben en una investigación penal como la que le toca hacer a la PGR, serán indispensables para apagar la indignación.
Tan solo los dos más recientes reportajes de mi amigo Juan Pablo Becerra-Acosta sobre todo lo que sí sabían diferentes entidades policiacas y de inteligencia federales y estatales sobre la situación en Iguala y otros municipios de Guerrero, y su falta de acción, merecen una respuesta que no corresponde —por lo pronto— a la investigación específica sobre el destino de los estudiantes normalistas.
Por eso se impone el nombramiento de un fiscal especial. Con presupuesto, poder, acceso a todos los expedientes, a todos los actores, a todos los involucrados.
Ya lo hicimos una vez. No salió mal.
Revisar aquellas miles de páginas, videos y fotografías es una buena dosis para recordar lo que es posible en estos tiempos de desesperanza. Luis Raúl y su equipo tomaron cada rumor, cada especulación, cada acusación por disparatada que hubiera sido, cada paso que habían dado los fiscales anteriores en el caso Colosio, lo trataron con mucha seriedad y dieron una respuesta sólida, inatacable.
Creo que hasta hoy la procuraduría de Murillo Karam ha hecho un buen trabajo alrededor del caso Iguala. Ha dado explicaciones públicas que no tuvimos en todo el sexenio pasado frente a sucesos similares; hoy está detenida la mayoría y los principales responsables, cosa que en México no es lo habitual.
El asunto, sin embargo, entraña una fatalidad: si lo que hasta hoy sabemos es cierto, la petición de los padres de los normalistas es imposible de cumplir. Ni con la ayuda de los austriacos ni de nadie más se podrá certificar científicamente que los restos de los 43 terminaron en el basurero de Cocula o en el río San Juan. El trabajo de los asesinos para desaparecer la evidencia fue, según su propia descripción, brutal.
Y por eso es que el completo y minucioso esclarecimiento de las circunstancias alrededor de la tragedia —muchas de ellas de corte político, social, histórico—, que no caben en una investigación penal como la que le toca hacer a la PGR, serán indispensables para apagar la indignación.
Tan solo los dos más recientes reportajes de mi amigo Juan Pablo Becerra-Acosta sobre todo lo que sí sabían diferentes entidades policiacas y de inteligencia federales y estatales sobre la situación en Iguala y otros municipios de Guerrero, y su falta de acción, merecen una respuesta que no corresponde —por lo pronto— a la investigación específica sobre el destino de los estudiantes normalistas.
Por eso se impone el nombramiento de un fiscal especial. Con presupuesto, poder, acceso a todos los expedientes, a todos los actores, a todos los involucrados.
Ya lo hicimos una vez. No salió mal.
Por
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noviembre 18, 2014
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