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Muchas de las solicitudes de información hechas con base en la Ley de Transparencia, como el número de denuncias y carpetas de investigación que han iniciado durante 2024, son rechazadas
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fisel) de la Fiscalía General de la República (FGR) ha
sido opaca en sus actividades desde 2020. Desde entonces no ha emitido un solo
reporte sobre sus actividades, como habitualmente lo hacía.
Incluso, dejó de publicar en su página de internet los
informes a los que está obligado en atención al artículo 102 de la Constitución
y al artículo 20 de la Ley de la FGR.
Además, muchas de las solicitudes de información hechas con
base en la Ley de Transparencia, como el número de denuncias y carpetas de
investigación que han iniciado durante 2024, son rechazadas, alegando un sigilo
en las investigaciones de los casos a su cargo.
Ello ha impedido saber en qué estatus están casos mediáticos
que se denunciaron ante la dependencia, como la presunta extorsión de extrabajadores de Notimex, las denuncias
por delitos electorales contra los hermanos del presidente López Obrador o los
casos contra la opositora Xóchitl Gálvez.
En enero pasado, el dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado, denunció ante la Fisel a Gálvez. Aseguró tener “pruebas y documentos
de las omisiones e inconsistencias en las declaraciones patrimoniales” de
la senadora del PAN, que “son corrupción”.
Otro caso que está en la fiscalía sin resolución es la
denuncia que una mujer afiliada al PRI presentó contra el líder del
tricolor, Alejandro Moreno, por violencia política en razón de género.
De acuerdo con el último informe que la Fisel elaboró y
entregó a la Cámara de Diputados, en ocho años (2015-2023) inició más de 4
mil carpetas de investigación.
Mientras que de septiembre de 2023 al 2 de junio de 2024
(periodo de la pasada elección federal), la fiscalía inició 192 carpetas de
investigación en todo el país, de las cuales 184 se encuentran en trámite, una
se determinó por abstención de investigar, cinco por acumulación y dos por
incompetencia.
Según trabajos periodísticos, entre las denuncias que se
indagan hay casos de personas que votaron sin cumplir con los requisitos de
ley, sufragar en más de una ocasión, compra de votos, violar la secrecía
del voto, alteración de material electoral, intimidación a los ciudadanos
para que no voten, así como la alteración del Registro Federal de Electores.
Hasta enero de 2023 reconoció tener en trámite 733 asuntos,
de los cuales, al finalizar ese año, sólo judicializó 77 carpetas de
investigación, cifra que representa 10 por ciento del total.
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