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Legisladores de Morena se quejaron sobre las decisiones de los jueces y de la Suprema Corte para suspender leyes.
Las reformas a la Ley de Amparo que propuso
Morena pasaron a la última aduana del Congreso de la Unión, cuando el
dictamen fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ya ha sido enviado
al Ejecutivo federal para su publicación.
En la votación, se obtuvieron 254 sufragios a favor, 204 en
contra y cero abstenciones.
Luego de que se avaló, en lo general, con 258 votos a favor
de Morena y sus aliados del PT y PVEM y 213 en contra de la oposición del PAN,
PRI, MC y PRD, y se debatieron 86 “reservas” o propuestas de modificación,
principalmente de la oposición, y sin que se aceptara una sola, quedó listo el
dictamen que reforma los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, ley
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
La reforma -aprobada ya en el Senado de la República- limita
las resoluciones de los jueces y magistrados y evitar que
suspendan inmediatamente leyes, sin el análisis a fondo de la Suprema
Corte sobre su eventual inconstitucionalidad.
Después de rechazar cuatro mociones suspensivas del PAN,
PRI, MC y PRD para retirar el dictamen del Orden del Día, en defensa de esta
reforma, Juan Ramiro Robledo, de Morena, y presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, explicó que la reforma se hace porque “en ninguna parte
de la Constitución y de las leyes se autoriza a los tribunales a que suspendan
con efectos generales una ley, sin conocer si es verdad el acto reclamado, sin
haberle preguntado a la autoridad si acepta que exista el acto reclamado y sin
haberlo estudiado”.
Esta reforma -expuso- “es buena para la división de Poderes,
para la certeza del estado de Derecho en México, para el orden de la República,
para que el instrumento de defensa de los derechos humanos y de la
Constitución, que es el amparo, se preserve, pero que no se use con fines
políticos partidarios”.
“La interpretación judicial se ha dado a sí misma facultades
que no están en el Derecho mexicano”, dijo. Y lo otro, “se trata de quitar una
discrecionalidad enorme a los jueces de amparo para brincarse las infracciones
al interés social y al orden público que están en la propia Ley de Amparo”.
El diputado también anunció que en Morena “vamos a proponer
que una Cámara, la de Diputados o la de Senadores, el Congreso con dos terceras partes, pueda revocar la invalidez
de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto de una ley”.
También, “vamos a proponer que haya una consulta anticipada
a la Suprema Corte antes de dictar un dictamen para evitar todas estas
discusiones”.
En respuesta, entre gritos y reclamos, con pancartas de
“Justicia para todos”, la oposición rechazó la explicación técnica y
descalificó la reforma.
El diputado Ricardo Villarreal García, del PAN, indicó que,
de acuerdo a especialistas, la reforma es violatoria de los derechos
humanos de las y los mexicanos y se miente al decir que no se restringe el juicio de amparo.
“Es grave porque se prohíbe a la gente que menos tiene
obtener una suspensión cuando se creen normas inconstitucionales”.
Sergio Hernández Ferriño, diputado del PRI, destacó que se
atenta contra los principios de progresividad y es un grave retroceso legal que
pone en peligro la operatividad del Poder Judicial, y hoy se elimina la
facultad de declarar la inconstitucionalidad a través de un juicio de amparo,
ya que esta figura es uno de los grandes aportes del derecho mexicano.
La diputada Vania Roxana Ávila García, de MC, dijo que se
oponen a la reforma porque es un peligro para la democracia, además de que
busca coronar un estado dogmático y populista. Lamentó que hoy se den pasos
atrás pese a que México ha avanzado en la progresividad de los derechos
humanos.
“Es fundamental que se proteja la independencia judicial y
se garantice el acceso a la justicia para todos los ciudadanos”, dijo.
José Juan Barrientos Maya, del PRD, anunció el voto en
contra de su grupo parlamentario porque es un “atropello” a las libertades y
garantías de millones de mexicanas y mexicanos.
Con la modificación, se pretende que no se suspenda el acto
de autoridad y que cada persona presente su propio juicio y se lleve a cabo su
procedimiento en lo particular; eso generará que las violaciones se extiendan
por años complicando la reparación de daños.
El diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, negó que la
reforma sea un atentado contra el juicio de amparo y que se va a limitar el
acceso de la gente a este medio de protección.
Se pone un alto al abuso del Poder Judicial y a los abusos
de jueces que a través de la suspensión del acto reclamado hacen algo que no
pueden ,que es suspender con efectos generales una ley.
María de Lourdes Macías Martínez, del PVEM, opinó que la
reforma eliminará los efectos generales de la suspensión en juicios de amparo
contra leyes, reduciendo con ello el margen de discrecionalidad de los órganos
jurisdiccionales.
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