Después de exponer 107 datos de prueba, los abogados de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron al juez de federal Daniel Ramírez Peña la vinculación a proceso de los siete implicados en la presunta explotación del Viaducto Bicentenario, en Edomex
Se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno,
Gilberto Limón, exsecretario de Movilidad; los extitulares del Sistema de
Autopistas, Alberto Angulo, y de la Junta de Caminos, Jorge González Bezares,
así como los representantes de la empresa Viaducto Bicentenario S.A. de C.V.,
filial de Aleatica (antes OHL): Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo Monroy
Portillo y Rubén López Barrera.
Dichos personajes fueron acusados por el abogado Paulo Diez
Gargari, quien promovió el juicio por el delito “explotación de un bien
nacional sin concesión del Gobierno federal”. Sin embargo, a petición de
la defensa de los imputados, este quedó fuera del proceso al comprobarse que no
es víctima directa, ni ofendido por lo que se demanda.
Ante dicha situación, los fiscales federales continuaron con
el juicio, ya que el juez se negó a llamar a la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, aunque la señaló como la ofendida directa.
Asimismo, a dar oportunidad para perfeccionar la imputación.
La parte acusatoria solicitó la vinculación a proceso de los
imputados por tres delitos:
Intervención en asociación delictuosa. La parte
acusatoria sostuvo que los exfuncionarios del gobierno estatal se asociaron
para explotar un bien común y lo hicieron de forma dolosa, porque conocían el
proceso legal para hacerlo
Usurpación de funciones públicas. Por este delito solo
se le acusa al exdirector de la Junta de Caminos, Jorge González Bezares, ya
que se argumenta que firmó un convenio para la explotación del Viaducto
Bicentenario cuando ya no ostentaba el cargo en mención.
Explotación de un bien de la nación. Los siete
imputados son acusados de participar en este delito, unos como autores
materiales (los exfuncionarios) y otros más por materializar la ejecución del
delito (los empresarios).
La parte acusatoria basó sus señalamientos en varios
documentos firmados por los exfuncionarios del Edomex con los que, según los
abogados, estos pretendieron “dar un matiz de legalidad a los actos que estaban
cometiendo”, pues desde su punto de vista todos sabían que para hacer uso del
Viaducto Bicentenario era necesario contar con una concesión emitida por
la Secretaría de Comunicaciones federal, y está no existía.
Sin embargo, la acusación destaca dos pruebas: un presunto
título de concesión que data del 7 de mayo de 2008, cuando comenzó la
explotación de la vía y un convenio firmado por el Gobierno estatal y la
Secretaría de Comunicaciones del 1 de octubre de 2020, con el que se intentó
dar ilegalidad a la falta de concesión, según los abogados.
La parte acusatoria dijo al juez que sin duda los actos
presentados hablan de una conducta de explotación de un bien de la nación y
afirmar lo contrario sería privilegiar la impunidad.
En tanto, recordaron que la única instancia que puede
permitir concesionar un bien de la nación es la Secretara de Infraestructura y
Comunicaciones, la cual a la fecha no ha emitido concesión alguna para el
Viaducto Bicentenario.
No obstante, denunciaron que Aleatica, con permiso del
Gobierno estatal, desde 2009 hasta 2023, ha cobrado cuotas por el uso esta vía
y ha obtenido ganancias por más de 8 mil 403 millones de pesos, de los
cuales solo le ha dado al Edomex el 0.5%, equivalente a poco más de 42 millones
de pesos, privando de esos ingresos al país.
Las acusaciones no fueron del agrado de la defensa, por lo
que se anunció que se apelaría la solicitud de vinculación a proceso.
La audiencia continúa y se espera que termine por la
madrugada.
Cabe recordar que luego de un llamado fallido a comparecer
este martes, los siete acusados se dieron cita en los juzgados de Almoloya de
Juárez «El Altiplano». La defensa se integró por alrededor de 15 abogados,
mientras que la parte acusatoria, en un inicio, se compuso de 6: el abogado
Paulo Diez y dos asesores y los tres fiscales de la FGR
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