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Además de este asunto, la FGR tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión contra Robles por delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, misma que fue librada por un juez federal en el Estado de México.
Un tribunal federal frenó la absolución de Rosario Robles en
el caso conocido como la Estafa Maestra por el que permaneció tres años en
prisión preventiva justificada.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación suspendió la
resolución dictada el 30 de noviembre de 2023 en el que se canceló el proceso
penal contra Robles por ejercicio indebido del servicio público por no hacer
nada para evitar el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando ella
encabezó Sedesol y Sedatu.
Esto, luego de que la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) presentó un amparo directo contra la resolución que confirmó la
absolución de Robles, por lo que el tribunal de Apelación suspendió su
ejecución.
“Se recibe el escrito por el cual se promueve demanda de
amparo directo en contra de la sentencia definitiva señalada, se suspende de
plano la ejecución de la citada resolución y se ordena emplazar a las partes”,
señalaron los magistrados.
La demanda de garantías busca reactivar el proceso penal
contra Robles que para cuando fue cancelado ya estaba en la etapa de juicio y
fue admitida a trámite por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la
Ciudad de México.
La absolución de Robles fue emitida al aplicar un criterio
que consideró que los hechos por los que la exfuncionaria fue procesada no son
delitos sino faltas administrativas debido a que la fecha en la que la Fiscalía
General de la República (FGR) afirmó que fueron cometidos, no estaban contemplados
en el Código Penal Federal.
Además de este asunto, la FGR tiene pendiente la ejecución
de una orden de aprehensión contra Robles por delincuencia organizada y lavado
de más de 77 millones de pesos, misma que fue librada por un juez federal en el
Estado de México.
Aunque la exsecretaria de Estado tiene una suspensión contra
la orden de aprehensión, esta medida no impide a las autoridades ejecutarla
porque delincuencia organizada es un delito grave.
Sin embargo, la FGR no ha ejecutado la orden ni ha precisado
la razón de esta omisión.
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