El padrón electoral no se depositó en una instancia gubernamental, dada la desconfianza ganada por gobiernos parciales que la usaron para favorecer a un partido en específico.
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Edmundo Jacobo Molina
Ahora se propone una reforma legal que pone en riesgo no
sólo nuestra democracia sino además el cuidado de nuestra identidad.
La semana pasada las Comisiones Unidas de Gobernación y
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen
presentado por las senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa, de
la fracción parlamentaria de Morena, para reformar la Ley General de Población.
El dictamen, que al parecer será sometido a la consideración
del pleno del Senado esta semana, retoma la consideración de que la Secretaría
de Gobernación tendrá “a su cargo el registro y la acreditación de la identidad
de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en
el extranjero”. Se reitera que la Segob integrará un Registro Nacional de
Población.
La novedad consiste en que la Secretaría expedirá un
documento oficial de identificación denominado “CURP con foto”. Documento que
contendrá entre otros datos los biométricos de las personas (foto y huellas
dactilares) y tendrá una vigencia de 15 años. Sobra mencionar que el registro
es obligatorio.
La ley que se pretende reformar data de 1974 y aborda muy
diversas materias, pero sin duda algo por demás delicado es lo que tiene que
ver con el registro de quienes tenemos la nacionalidad mexicana, lo que tendría
que hacerse a la luz de lo que en materia de identidad, derechos humanos y
protección de datos personales se ha avanzado en los últimos 49 años,
cuestiones que, desde mi punto de vista, no están suficientemente consideradas
en el dictamen.
Si bien lo anterior debe ser motivo de profundo análisis y
preocupación, en esta ocasión me centraré en algo que no se hace explícito en
el dictamen pero que podría denominar un ‘daño colateral’ de graves
implicaciones y consecuencias, lo que tiene que ver con la democracia y la
certeza del respeto a la voluntad ciudadana al elegir a gobernantes y
representantes.
El dictamen en el artículo 83 señala: “La Secretaría
proporcionará al Instituto Nacional Electoral, la información del Registro
Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los
instrumentos electorales…”. ¿Qué está implícito en esto? ¿Será Segob ahora la
responsable de integrar el padrón electoral?
La democracia tiene que ver con valores, conductas y reglas
de convivencia, pero encuentra su momento culminante en las elecciones y éstas
tienen un inicio sólido cuando se define quienes son las y los electores, lo
que se traduce en contar con un padrón electoral confiable y auditable, en el
que estén todos los que deben estar, nadie más, nadie menos.
Esto que parece elemental, era uno de los problemas
centrales de nuestra vida política en el último cuarto del siglo pasado y en
buena medida nuestra transición democrática inició y fue ganando confianza con
la construcción de un padrón electoral que tuvo que hacerse desde cero, en un
gran ejercicio censal que identificó con fotografía a los electores para
garantizar el día de la jornada electoral que quien emitiera el voto fuera la
ciudadanía con ese derecho, de ahí la máxima: ¡Un ciudadano, un voto!
A lo largo de los últimos treinta años el padrón electoral
ganó en confianza y dejó de ser un problema en la organización de las
elecciones. La responsabilidad recayó en un órgano constitucional autónomo, el
IFE-INE. No se depositó en una instancia de gobierno, como en otros países,
dada la desconfianza ganada a pulso por gobiernos políticamente parciales que
la usaron para favorecer a un partido político.
La credencial originalmente pensada para votar y garantizar
credibilidad en las elecciones al poco tiempo se convirtió en el instrumento de
identificación por excelencia para todo trámite y así es reconocida por todos
los sectores públicos y privados.
Lo anterior se asocia con muchos factores, pero sin duda la
credibilidad en el INE ha sido determinante para que eso sucediera. La
ciudadanía acude a los cientos de módulos dispuestos a lo largo y ancho del
país a tramitar su credencial, a cambio de esa confianza el Instituto ha hecho
una gran inversión para ofrecerle a todas las personas un mejor servicio y la
garantía de que sus datos serán resguardados debidamente.
La pretensión de que Segob sea responsable del registro de
población ha sido reiterada por gobiernos de los más diversos signos políticos.
A quien esto escribe le consta desde 2008, ante lo cual el IFE en su momento y
el INE posteriormente expuso entre otros los siguientes argumentos:
1. La credibilidad de los procesos electorales pasa en
buena medida porque el padrón electoral sea responsabilidad de una institución
autónoma. Dejarlo en manos de Segob, independientemente del partido político en
turno, abonará a la desconfianza.
2. Constituir un único instrumento de identidad a cargo
de una institución autónoma. Contar con varios tendría como consecuencia que el
padrón electoral redujera su cobertura (98% de los mayores de edad están
registrados, es uno de los padrones con mayor cobertura en el mundo; como
referencia en EU los padrones llegan con dificultad al 70 por ciento).
3. Un padrón con menor cobertura no sólo limita
derechos sino además implica pérdida de legitimidad de los resultados
electorales.
4. Aprovechar la confianza que la ciudadanía tiene en
el INE, así como la infraestructura e inversión que el Instituto ha hecho
durante décadas. Se trata de una inversión del Estado mexicano, patrimonio de
todas y todos.
5. Una de las últimas propuestas fue la de hacer una
reforma que permitiera al INE credencializar a menores de edad aprovechando la
experiencia y el despliegue territorial con el que ya se cuenta.
A lo anterior habría que agregar que el actual gobierno se
ha caracterizado por el uso de programas sociales con fines electorales y la pretensión
de utilizar el registro de los beneficiarios para esos fines, ¿por qué abonar a
la desconfianza y minar una democracia que tanto nos ha costado construir? ¿Por
qué hacer un problema en donde no lo hay?
POSDATA: 2 de octubre no se olvida y ahora ante el
‘informe’ presentado por el gobierno en turno sobre Ayotzinapa-Iguala, se
acumulan más secretos de Estado que dejan profundas huellas y dudas.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral (INE).
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