El Senado aprobó una reforma con la que se busca revertir el derecho legal de los trabajadores para decidir si pagan o no las cuotas sindicales, esto a pesar de una sentencia de la Corte que validó dicho precepto. El proyecto es impulsado por varios líderes obreros.
A partir
de la reforma laboral de 2019, dijo el presidente Andrés Manuel López
Obrador, “los trabajadores tienen la posibilidad de decir: ‘Ya no queremos
pagar cuotas, no queremos que nos descuenten lo de las cuotas sindicales’”.
Esto lo expresó el mandatario hace unos meses al preguntarle sobre algunos
conflictos gremiales en el sector salud.
Esta
nueva “libertad” del personal sindicalizado fue incluso presumida en reiteradas
ocasiones por la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján,
como parte del nuevo panorama para la democracia sindical y la negociación
colectiva en el país tras la
gran reforma a la LFT que promovió Morena una vez que asumió el poder
en 2018 y que fue parte de los compromisos adquiridos por México para firmar el
T-MEC con Estados Unidos y Canadá.
El artículo
110 de la LFT establece los casos en los que los patrones pueden hacer
descuentos al salario de sus trabajadores. La fracción VI contempla, dentro de
estas situaciones, el “pago de las cuotas sindicales ordinarias
previstas en los estatutos de los sindicatos”, no obstante, a partir de 2019 se
le adicionó este texto: “El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad
de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá
descontarla”.
Y
mientras el gobierno presentaba este cambio como parte de las nuevas garantías
mexicanas para la democracia sindical y de empoderamiento del trabajador frente
a los abusos financieros de los sindicatos, las principales centrales
obreras se ampararon contra esta medida con el argumento de que atentaba
contra la autonomía de las agrupaciones laborales.
El tema
fue dirimido por el Poder Judicial. En marzo de 2021, la Segunda
Sala de la Suprema Corte calificó por unanimidad como constitucional
la reforma laboral de 2019 y consideró, entre otros aspectos, que aunque “los
principios de libertad y de autonomía sindical implican el derecho de los
sindicatos de establecer en sus estatutos la naturaleza, forma de pago y monto
de las cuotas sindicales, lo cierto es que tales principios no se vulneran al
permitir al trabajador oponerse al descuento de las cuotas sindicales de su
salario”.
Sin
embargo, un grupo de legisladores pretende ahora revertir esta situación con
una reforma a la LFT para suprimir el párrafo agregado hace cuatro años que
reconoce la libertad del trabajador de decidir sobre sus cuotas sindicales.
La propuesta es encabezada por la senadora Cecilia Margarita Sánchez García (Morena),
excandidata a encabezar la dirigencia del sindicato petrolero, y el
senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), líder del sindicato minero.
En una
reunión del 10 de octubre, las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos
Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la reforma en cuestión. A la
sesión, coincidentemente, asistieron de visita varios líderes sindicales,
entre ellos, Isaías González (CROC), Rodolfo González (CROM), Francisco
Hernández Juárez (Sindicato de Telefonistas, STRM) y José Humberto Gual Ángeles
(Sindicato de Pilotos, ASPA).
Y aunque
la reforma laboral de 2019 fue promovida por Morena, Napoleón Gómez Urrutia
argumentó en la reunión que la medida en cuestión fue introducida por presión
de los empresarios mexicanos y estadounidenses como un elemento para
desincentivar la sindicalización en el país.
Sin
embargo, los números no respaldan dicha teoría conspirativa, al menos no
oficialmente. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en México la
tasa de sindicalización, es decir los trabajadores con un empleo formal que
están afiliados a un sindicato, pasó de 12.4 a 12.7% entre 2019 y 2023.
La
realidad es que las cuotas son un “ingreso
cautivo” de los sindicatos y en muchos casos se cuentan por millones
de pesos. El promedio del descuento por trabajador es de 2% del salario, aunque
hay casos como los del gremio de electricistas donde se retiene el 3% o en
algunas maquiladoras hasta el 4%, según el Observatorio Ciudadano para la
Reforma Laboral.
El
argumento recurrente en la sesión de las comisiones es que no se puede proteger
bien a los trabajadores si las cuotas no están blindadas. Sin embargo, la
realidad es que las personas no confían en los sindicatos, no por nada son
de las instituciones menos confiables en el país. De acuerdo con la última
Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) del Inegi, los sindicatos son
superados sólo por los partidos políticos como las organizaciones menos
confiables. Sólo un 3.5% de las personas les tiene mucha confianza.
Historias
de falta de transparencia, malos manejos de los recursos y escándalos
financieros de los sindicatos hay muchas en México, varias con nombre y
apellido de quienes hoy ocupan un asiento en el Congreso. Y aunque los
legisladores han argumentado que la reforma de las cuotas sindicales sólo busca
restablecer el orden para la autonomía obrera, ¿no será que están perdiendo el
control total del dinero?
En un
ambiente donde las disidencias obreras han ido creciendo en el país, lo que los
líderes sindicales parecen perder de vista es que la cuota del trabajador no es
sólo una aportación para cumplir con su obligación gremial. Hoy, a la luz del
cambio de 2019, también es un voto de confianza, y la confianza se gana.
El
dictamen de reforma sobre las cuotas sindicales fue aprobado por la
Cámara Alta en la sesión del jueves 24 de octubre y fue remitido a la Cámara de
Diputados para su revisión. Ahora falta saber qué dirán desde Palacio Nacional
ante esta intención de legisladores y legisladoras con afiliaciones sindicales
de diferentes colores. Las alertas ya se prendieron y pueden llegar hasta suelo
estadounidense. ¿Podrán los líderes sindicales encabezados por Napoleón
Gómez Urrutia lograr lo que no pudieron en 2019?
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